Una jueza investiga supuestos gastos irregulares en Jucil, la principal asociación de guardias civiles | España

Nuevo episodio en la guerra interna que sacude desde finales del año pasado la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil). La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de León, Beatriz Serrano Díez, ha dictado un auto por el que ordena abrir diligencias previas para investigar supuestas irregularidades económicas en el seno de esta organización. La decisión de la magistrada se produce después de que el pasado 14 de marzo cinco exdirigentes de la asociación presentasen una denuncia en la que acusaban al actual secretario general, Ernesto Vilariño, de “numerosas irregularidades que sugieren un uso indebido de los fondos de la asociación” para gastos personales. Jucil es la asociación mayoritaria entre los guardias civiles tras ganar, en octubre de 2020, las elecciones internas al Consejo de la Guardia Civil ―órgano colegiado en el que participan los representantes de los agentes y de la Administración para abordar cuestiones laborales y profesionales― con 15.070 votos y hacerse con seis de los 16 puestos reservados a las asociaciones profesionales en este órgano. En otoño volverán a celebrarse comicios.En la denuncia que ha dado pie a la investigación judicial, los críticos aseguran que Vilariño presuntamente utilizó dinero de Jucil para gastos personales como comidas en restaurantes y alojamientos en hoteles, alteró registros contables y ocultó información sobre el estado financiero de la asociación. Los denunciantes, reunidos en la plataforma Regeneremos Jucil, consideran estos hechos constitutivos de delitos de apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos y administración desleal. En concreto, le acusaban de “realizar gastos personales con la tarjeta corporativa de la asociación, imputando a la misma conceptos inciertos o no justificados”. Entre estos desembolsos, detallaban en su denuncia que había “consumos en establecimientos de lujo, compras en tiendas no relacionadas con las actividades de la asociación, y el uso de servicios personales, como el transporte público” realizados durante un viaje a Sevilla en octubre de 2020 y que ascendieron a algo más de 500 euros. Vilariño y la actual dirección niegan las irregularidades e insisten en que han encargado una auditoría externa para desmontar estas acusaciones.En la resolución judicial, dictada el pasado 28 de marzo y comunicada este lunes a las partes, la magistrada Beatriz Serrano señala sin embargo que estos hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de [un] delito de estafa (todos los supuestos)” y que al no estar “determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido” procede incoar diligencias previas y practicar “aquellas esenciales”. En concreto, da un mes a la Junta Directiva de Jucil para que “aporte la documentación que estime oportuna en justificación de sus alegaciones e identifique a quien tenga conocimiento o relación con los hechos denunciados”.A la espera de que recibir esta documentación, la jueza ―que ha rechazado por ahora practicar otras diligencias solicitadas por los denunciantes, como la toma de declaración del secretario general, de varios testigos así como recabar determinada información del Ministerio del Interior― acuerda también “el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa” a la espera de recibir la documentación solicitada para decidir entonces si sigue adelante o no con la investigación.Tras conocerse la decisión de la magistrada, los denunciantes han emitido un comunicado en el que reclaman que la junta directiva preste “la máxima colaboración con la justicia” e insisten en que les faciliten también a ellos “el acceso a toda la información económica relevante, en cumplimiento del principio de transparencia que exige la normativa interna y la voluntad de los afiliados”. Un portavoz de la actual junta asegura que, hasta ahora, no han recibido la notificación del juzgado para entregar la documentación e insisten en que la denuncia no tiene ningún sustento y es una “venganza de un grupo de exdirigentes”.La decisión de la jueza de León es un nuevo episodio de la guerra en el seno de Jucil se viene gestando desde hace tiempo, pero se agudizó tras la dimisión a finales del pasado noviembre del que fuera secretario de comunicación y rostro de la asociación ante los medios de comunicación, Agustín Leal, supuestamente por presiones de sus compañeros de la ejecutiva. A la salida de Leal le siguió la también dimisión del coordinador general de la asociación en Canarias y los ceses de algunos dirigentes provinciales. Todo ello desembocó el pasado 3 de febrero en la difusión, por parte de los críticos, de una carta a los asociados en los que, además de las supuestas irregularidades contables, se denunciaba la supuesta politización en la actual dirección de Jucil. La misiva calificaba entonces la situación de “insostenible” y reclamaba “una profunda regeneración y de medidas urgentes que garanticen la reputación y el buen nombre de nuestra organización”.Aquella carta fue respondida por el comité ejecutivo de Jucil con querellas. La asociación presentó el 28 de febrero una contra varios secretarios y ex secretarios provinciales por la presunta comisión de los delitos de calumnias e injurias graves y revelación de secretos. En esa misma fecha, el propio Vilariño interpuso otra contra las mismas personas a los que acusaba, además, de un presunto delito de coacciones. Esta última ha sido admitida a trámite, según fuentes cercanas al secretario general. La actual dirección de la asociación hizo público entonces un comunicado en el que, además de recordar estas medidas legales, aseguraba que no permitiría “ataques infundados” y mostraba su confianza en que “la justicia esclarecerá los hechos y restaurará la honorabilidad de la asociación y de su secretario general”.Desde entonces, los juzgados de León ―ciudad en la que está inscrita la asociación― han asumido el protagonismo en el conflicto interno. Antes de la decisión conocida este lunes, otra magistrada, en este caso la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la misma ciudad, tomaba declaración el 10 de abril a Vilariño para responder a la demanda presentada por los críticos por no haberles dejado asistir a una reunión celebrada en Madrid un mes antes en el que se iban a debatir, precisamente, cuestiones relacionadas con las cuentas de Jucil. Los críticos acusaban al secretario general de haberles presionado y haberles abierto expedientes disciplinarios con suspensión de sus derechos de forma presuntamente irregular para impedir su asistencia. Además, el 24 de abril Vilariño declarará en un tercer juzgado por la querella que interpuso contra los críticos por injurias y calumnias.