El Gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó a Jorge Arturo Lemus jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y Ricardo Rey Rosanía Santiago, director de Contrainteligencia, para adelantar acercamientos exploratorios con ‘La Inmaculada’, en medio del pedido de extradición de su máximo jefe Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.Mientras la DNI está envuelta en el escándalo por presuntos nexos con las disidencias de ‘Calarcá’, el director Lemus encabezará el equipo para “verificar su voluntad real de paz” y avanzar hacia eventuales diálogos o acuerdos bajo estrictas instrucciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.”Para adelantar acercamientos exploratorios y contactos con la estructura armada organizada de alto impacto autodenominada ‘La Inmaculada’ con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones. y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República”, dice la resolución 441 de 2025 conocida por EL TIEMPO.Alias Pipe Tuluá fue trasladado a la estación de Policía de Los Mártires. Foto:Archivo ParticularLa decisión ocurre mientras Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, jefe de ‘La Inmaculada’, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. En los últimos meses, su defensa ha insistido en que el detenido ha impulsado gestos de paz, pues envió cartas públicas pidiendo calma a los integrantes de la organización, rechazó retaliaciones violentas y aseguró haber colaborado desde prisión, incluso entregando información que permitió frustrar un asesinato dentro de La Picota.Washington mantiene una solicitud activa de extradición por delitos de narcotráfico, lo que deja en el aire el futuro jurídico del capo del norte del Valle mientras Colombia explora un canal de diálogo que aún no tiene un piso jurídico.Alias Pipe Tuluá fue pedido en extradición por narcotráfico. Foto:FiscalíaPara Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, la decisión no sorprende dentro de la política de ‘paz total’, pues “sería un eslabón de la cadena de mesas sociojurídicas que el Gobierno ha abierto en distintas ciudades”, aunque advierte que la falta de un marco jurídico claro deja estos acercamientos con un piso inestable y apunta a tensionar más la relación con Estados Unidos.El 12 de noviembre la Corte Suprema dio luz verde para la extradición de ‘Pipe Tuluá’, sin embargo la última decisión la tiene el presidente Petro quien durante su mandato no firmó, por ejemplo, las solicitudes de extradición para los jefes guerrilleros Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, Gabriel Yepes, alias H.H., Geovany Andrés Rojas, alias Araña.También está en el limbo del proyecto de ley de sometimiento 2.0, impulsado por el exministro de Justicia Eduardo Montealegre para permitir negociaciones con bandas criminales. Ahora, el ministro encargado Andrés Idárraga evalúa si esa iniciativa continuará o será reformulada, mientras el caso de ‘Pipe Tuluá’ se convierte en una ‘papa caliente’ para definir hasta dónde llegará el Gobierno en su estrategia de diálogos con estructuras armadas no insurgentes y cómo manejará, al mismo tiempo, las presiones diplomáticas derivadas de la extradición pendiente.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com