Las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, por órdenes del Presidente Trump, están bombardeando embarcaciones y asesinando ciudadanos, cuyos nombres e identidades ni siquiera se conocen. So pretexto de la proclamada “guerra contra el narcotráfico”, más de ochenta personas han sido hasta ahora ejecutadas extrajudicialmente en el Mar Caribe y Pacífico, es decir, asesinadas sin el más mínimo respeto al derecho internacional.Como lo dijo Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, se trata de crímenes de lesa humanidad, pues son ejecuciones generalizadas y sistemáticas contra la población civil. También lo son para Volker Turk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien además exhortó a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses a rehusarse a cumplir órdenes que constituyen violación a los derechos humanos.Bombardeo anunciado por el Secretario de Guerra de EE. UU. Foto:Redes socialesSabemos que en Colombia no existe la pena de muerte. La Constitución la prohíbe en su artículo 11 y establece que el derecho a la vida es inviolable. Está permitida en algunos estados de los Estados Unidos, pero su imposición supone el cumplimiento de un debido proceso y un juicio con todos los rigores y garantías del derecho a la defensa. Las ejecuciones en alta mar, así se relativice la aplicación de las leyes nacionales por conceptos teóricos de territorialidad, de todas maneras son una violación al derecho internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Ius Cogens o Derecho Consuetudinario Internacional.Además, las ejecuciones cometidas de manera sistemática son una violación a la Carta de Naciones Unidas aprobada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, pues constituyen actos de agresión contra Colombia y los Estados de donde eran nacionales los asesinados. Son actos de agresión proscritos por la Carta por cuanto corresponden a ataques contra uno de los elementos constitutivos de un Estado, que es su población, lo que comporta una violación a su soberanía.No solo los ataques al territorio de un Estado o a las fuerzas armadas son actos de agresión, también lo son aquellos que se cometen contra su población, tanto más si son generalizados y sistemáticos. Por esto, si un ejército extranjero invade una zona deshabitada de un país, no hay duda de que ello constituye una violación al Derecho Internacional. Con mayor razón sucede a la inversa, cuando los ataques son cometidos contra la población de un Estado, así esta se encuentre fuera de su territorio.La administración Trump atacó nuevas embarcaciones ‘narco’. Foto:Archivo / CanvaEl preámbulo de la Carta de la Naciones Unidas, que estableció su propósito de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de los hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas, no puede ahora relativizarse con la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Trump y la instauración de una campaña de muerte y horror en el mar.El debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto de las garantías fundamentales son pilares del Estado de Derecho y Colombia tiene el deber internacional de velar por su cumplimiento, por parte de sus propias autoridades y de las extranjeras que las violen o amenacen violar. Por ello, instamos al Estado colombiano a poner las correspondientes denuncias internacionales, como años atrás lo hizo Ecuador cuando Colombia bombardeó su territorio y mató a ciudadanos ecuatorianos. Es el Caso Aisalla, presentado en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y declarado admisible por esta, que llevó después a que el Estado colombiano tuviera que conciliar con Ecuador el retiro de la demanda, tras el pago de una indemnización por la ejecución extrajudicial de nacionales del vecino país.Recientemente, la cadena RTVC noticias reportó cómo decenas de pescadores en Cartagena llevan días sin salir a trabajar, por miedo a ser bombardeados y perder sus vidas, con las consecuencias económicas para su supervivencia. Temen caer como “daños colaterales” de la guerra de Trump, por si el simple hecho de navegar y pescar en el mar. Lo mismo acontece ahora en la isla de San Andrés, según lo reportó la periodista Cecilia Orozco en El Espectador.Sin duda, Colombia debe presentar una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por las ejecuciones extrajudiciales de sus nacionales, lo cual constituye una violación a los derechos humanos, un acto de agresión contra su soberanía y quebrantamiento de la paz internacional. Por utópico que esto parezca, dada la participación de los Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad y su posibilidad de veto, no hacerlo es permitir que las ejecuciones se vuelvan una práctica aceptada y que la llamada “guerra contra el narcotráfico” se multiplique y vuelva imparable. Se sabe que el Reino Unido ya declaró esos bombardeos como una violación al Derecho Internacional. Esto allana el camino en la ONU.Mientras preparábamos este escrito, conocimos el bombardeo aprobado por el presidente contra el grupo armado ilegal de Iván Mordisco, cuando utilizaba niños criminalmente reclutados para atacar a unos soldados. Siete de los menores murieron bombardeados. Este artículo apoya la posición del gobierno contra el crimen de los Estados Unidos y lo llama a ir hasta el más alto nivel internacional posible, pero no puede dejar de considerar el asunto de los niños, victimizados por las disidencias y revictimizados letalmente por las bombas, que exige una reflexión profunda porque tal como se da, mina la autoridad moral del país para actuar como defensor de la vida, de la noviolencia y el rechazo a los crímenes contra la paz.Los dos asuntos plantean un par de discusiones análogas que requieren ir a fondo con total honestidad. Primero, el reconocimiento del estatus de víctimas que son en este caso dos veces los niños por ser reclutados y luego despedazados, también los marinos. Y segundo, la necesidad de soluciones integrales, tanto en los territorios abandonados del país que siguen siendo campos de reclutamiento de niños, mientras no llegue el Estado con la respuesta completa que las comunidades reclaman, como en la estrategia integral contra el narcotráfico, manejado por grandes mafias que ganan más con la guerra.Hoy Colombia tiene el desafío de defender a sus nacionales, asesinados impunemente en el mar. Se trata de ciudadanos cuyos nombres la inteligencia estadounidense desconoce. De seguro, navegantes o motoristas que, de ser eventualmente transportadores de cocaína, no tienen línea de mando, ni cuentas en dólares en bancos internacionales o mansiones en la Costa del Sol española; menos aún, establecimientos comerciales en Ámsterdam, Marsella o Galicia, lugares nunca bombardeados donde pulula el narcotráfico. Deben ser capturados y judicializados si son delincuentes; no ejecutados.La paz y la justicia, entendida como respeto al debido proceso y la protección del derecho a la vida, son pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho que se precie de ser superior a la barbarie.Francisco de Roux y Caterina Heyck Puyana