PJF guarda silencio tras anuncio de denuncia penal contra jueza por caso Aureoles

|Un día después del comunicado en el que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a la jueza Jovita Vargas Alarcón de una “escandalosa protección” al exgobernador michoacano, Silvano Aureoles y anunció una denuncia penal en su contra, el Poder Judicial de la Federación no ha emitido ninguna respuesta pública.El comunicado emitido por la FGR el 14 de mayo rompió con el lenguaje técnico habitual de la institución y calificó como “escandalosa” la supuesta protección que la jueza del Juzgado Noveno de Distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México, brindó al exmandatario michoacano, quien enfrenta un juicio penal por delitos no especificados en el boletín.La jueza Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, ocupa el cargo desde noviembre de 2021, con una trayectoria de más de tres décadas en el Poder Judicial y ha sido secretaria en al menos cinco juzgados y tribunales de distrito y circuito, antes de ser nombrada jueza; además cuenta con cursos de especialización en amparo, argumentación jurídica y sistema penal acusatorio.Según la fiscalía, Aureloes fue citado a comparecer el 9 de mayo y no se presentó, pero la jueza lo dio por comparecido cuatro días después, con base en un escrito no ratificado; además, le habría concedido una nueva audiencia “evidentemente parcial y dilatoria”, programada para dentro de tres meses.La FGR sostuvo que dicha decisión viola el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige que la audiencia se celebre en un lapso no mayor a 15 días. También denunció que no se reactivó la orden de aprehensión vigente contra el exgobernador, suspendida por decisión judicial previa, lo cual consideró como una “protección notoriamente parcial e injusta”.Por ello, la fiscalía anunció que interpondrá no solo una queja procesal, sino también una denuncia penal contra la jueza, sin que hasta el momento se haya hecho público el expediente correspondiente.El anuncio de la FGR sobre una denuncia penal contra la jueza ocurre a 17 días de la primera elección judicial en México, tras una reforma constitucional.Cabe recordar que las decisiones judiciales están protegidas por el principio de independencia, según el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Aunque existen mecanismos institucionales como las quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal por faltas administrativas, o la posibilidad de presentar denuncias por delitos como el prevaricato, este tipo de acciones no son frecuentes.