Una de las últimas cartas que le quedaban a Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, para salir de la cárcel, no está tan firme. Aunque el juez de ejecución de penas tiene la última palabra sobre si se le otorga algún tipo de beneficio punitivo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, descartó que la ley de utilidad pública pueda aplicarse en su caso.Esta norma, sancionada por el presidente Gustavo Petro hace dos años, permite a las madres solteras en condición vulnerable, condenadas por delitos con motivación económica, conmutar su pena a través de trabajos sociales. Es el primer experimento de justicia restaurativa en la jurisdicción ordinaria para adultos y hasta el momento 130 mujeres han sido beneficiadas.El pasado 26 de marzo, la defensa de Barrera —representada por el penalista Francisco Bernate— solicitó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá la aplicación de la ley, argumentando que su defendida fue madre hace menos de un año. En el requerimiento, pide que se le otorgue casa por cárcel en lugar de la pena intramural de cinco años y medio que le fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación en el servicio de transporte público colectivo. Este sería el principal obstáculo para que pueda acogerse al beneficio. Según la ministra Ángela María Buitrago, los delitos por los que fue condenada no tienen una motivación económica ni están relacionados con la condición de vulnerabilidad en la que vivía en ese momento.La norma aplicaría en casos como hurto o tráfico de estupefacientes, que suelen ser las infracciones más comunes entre mujeres que incurren en estas conductas delictivas para sostener económicamente a sus hogares. Pero no para los cargos que aceptó Barrera.Otro factor que le juega en contra es que actualmente no se encuentra en situación de pobreza. ‘Epa Colombia’ levantó un emporio de keratinas que le genera jugosas utilidades, por lo que su hija no estaría en condición de desprotección.La Sala Civil de la Corte Suprema también negó una tutela con la que la defensa de la influenciadora buscaba refutar la decisión del alto tribunal. En la demanda, solicitaba que se le permitiera mantener contacto permanente con su bebé de un año en una cárcel acondicionada para tal fin. En los argumentos de la solicitud, se aducía “el derecho de la menor a permanecer junto a su madre, permitiendo su estancia en un establecimiento carcelario con condiciones adecuadas para la crianza y lactancia materna, conforme a la normativa vigente en materia de derechos de los niños”.La ley de utilidad públicahasta la fecha se han documentado 133 decisiones favorables bajo el beneficio de la Ley de Utilidad Pública, beneficiando a 130 mujeres en 11 departamentos. Además, gracias a 27 convenios firmados con entidades públicas y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, se han habilitado 2.492 plazas de trabajo comunitario reservadas para mujeres privadas de la libertad a nivel nacional.El Ministerio de Justicia habilitó 50 plazas adicionales y, mediante orden judicial, los jueces han dispuesto la apertura de siete más en entidades territoriales. En total, actualmente hay 2.549 plazas disponibles en todo el país.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia