El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, radicaron en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca tipificar como delito autónomo el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos, además de fortalecer las medidas de prevención, control y vigilancia alrededor de esta sustancia. El texto propone incluir un artículo 376A en el Código Penal y establecer penas que oscilan entre 140 y 360 meses de prisión, así como multas que van desde 1.334 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes introduzcan, transporten, almacenen, desvíen, adquieran o suministren fentanilo sin autorización.El proyecto también plantea restringir beneficios judiciales. El artículo 4 señala que no habrá lugar a suspensión condicional de la pena, prisión domiciliaria ni otros beneficios, salvo los derivados de colaboración efectiva con la justicia, cuando se trate de personas condenadas por delitos dolosos en los cinco años previos. La restricción también cobija a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, el DIH, la libertad sexual, el patrimonio del Estado o infracciones relacionadas con narcotráfico, entre otros.Fentanilo Foto:FentaniloPara Francisco Bernate, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, “el fentanilo requiere un tratamiento diferenciado porque su peligrosidad y dinámica de tráfico no se asemejan a las de otras sustancias ilícitas”.A su juicio, la creación de un tipo penal autónomo “permite una respuesta proporcional y especializada, evita vacíos normativos y se alinea con lo que han hecho otros países que enfrentan esta crisis”.No obstante, Bernate advirtió que el endurecimiento punitivo puede agravar la saturación del sistema carcelario y que sería deseable un tratamiento diferenciado para usuarios dependientes y personas que ocupan eslabones bajos dentro de la cadena del tráfico ilegal. Señaló también la necesidad de fortalecer la vigilancia sanitaria, la trazabilidad de medicamentos y el control de precursores.Por su lado, el exministro de Justicia Andrés González valoró que se penalice de manera contundente una conducta “de tanto impacto contra la juventud y la salud pública”. Afirmó que los países enfrentan hoy el reto de contener el crecimiento exponencial de las drogas sintéticas y que es necesario agravar las penas cuando existan estructuras de crimen organizado detrás del desvío o distribución del fentanilo.Gobierno prohibió los precursores de fentanilo. Foto:MAURICIO MORENOLuis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, situó la radicación del proyecto como un guiño a Estados Unidos en medio de la decisión de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. “Esto hay que leerlo dentro del marco de presiones crecientes de Estados Unidos en el Caribe y el anuncio de eventuales acciones armadas terrestres en Venezuela, que no descartaría que también pudieran extenderse a suelo colombiano por la presencia de laboratorios”, afirmó. Según Trejos, la decisión del Gobierno también busca disminuir tensiones con Washington, aportar a la lucha contra el narcotráfico y responder a los efectos de la reciente descertificación.Para Wilson Ruiz, exministro de Justicia, el desafío central del país no reside en la ausencia de normas, sino en la debilidad estructural de los sistemas de investigación, vigilancia y control.“Cualquier nueva iniciativa debería articularse con esa política ya vigente, en lugar de generar disposiciones paralelas que no agregan valor. Más que insistir en medidas ya previstas, el país requiere fortalecer la investigación criminal a través de los organismos de policía judicial, identificar las estructuras involucradas, mapear sus redes y anticipar los patrones de desvío desde el canal legal hacia el mercado ilícito. Sin investigación robusta, ninguna reforma normativa será realmente efectiva”, dijo. Luis Carlos Restrepo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, advirtió que el éxito de la norma dependerá, más que de la severidad de las penas, de la capacidad institucional del Estado. Aseguró que será necesario fortalecer unidades especializadas de la Fiscalía, implementar sistemas de trazabilidad digital de insumos farmacéuticos, establecer controles cruzados con el Invima y aumentar las auditorías en clínicas y farmacias. “Si esos mecanismos no se fortalecen, la norma puede quedarse en el papel y las redes de desvío podrían migrar al mercado negro con mayor sofisticación”, señaló.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com