El Consejo de Estado acaba de confirmar la inadmisión de una demanda que ya tiene ocho años en sus anaqueles y que está relacionada con la emblemática hacienda Las Pavas, territorio de 1.338 hectáreas ubicado en el corregimiento de Buenos Aires, en el municipio de El Peñón al sur de Bolívar, que en la década de los 90 fue abandonado y al inicio del nuevo milenio fue epicentro del desplazamiento y el despojo paramilitar.La alta Corte rechazó un recurso que presentaron las palmicultoras Aportes San Isidro y Palmeras el Labrador, con el que pretendían que se admitiera una demanda que radicaron en 2016 y con la que exigen una indemnización por más de 116 mil millones de pesos ($116.970.000.000) por los supuestos perjuicios causados por seis resoluciones expedidas por el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, que derivaron en la extinción del dominio agrario de las tres fincas que conforman la hacienda Las Pavas: “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios quiere”.El consejero ponente de este caso Nicolás Yepes Corrales ratificó, en una decisión notificada la semana pasada, que la demanda de las palmicultoras no puede ser admitida porque no han acreditado haber agotado el requisito de la conciliación extrajudicial, ni han precisado de manera clara en qué violaciones normativas supuestamente incurrió el Incoder, entre otros aspectos. La acción judicial de las palmicultoras, que busca dejar sin piso las decisiones que le permitieron al presidente de la República Gustavo Petro protagonizar, el pasado noviembre, un acto de entrega de tierras para los campesinos de Las Pavas, casi se cae por completo en el Consejo de Estado en 2023. En septiembre de dicho año la alta corte rechazó parcialmente las pretensiones, alegando que había operado la caducidad. Pero en febrero de 2024 les concedieron un recurso de súplica a las palmicultoras, dándole un nuevo impulso a la posibilidad de admitir su caso.Entrega de tierras para campesinos de Las Pavas. Foto:Presidencia de la RepúblicaLa historia del litigio por Las PavasPor la hacienda Las Pavas hay una vieja y dolorosa disputa entre las 123 familias agrupadas en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), quienes iniciaron la explotación económica de la hacienda en 1997 tras el abandono de su antiguo propietario Jesús Emilio Escobar Fernández, y la empresa palmicultora Aportes San Isidro, que le compró las tierras a Escobar en el año 2007.Escobar, quien abandonó Las Pavas en 1993, es señalado en expedientes judiciales como el hermano del narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández.Previo a la compra de la hacienda por parte de la palmicultora, los campesinos que explotaron dichos predios recibieron amenazas de muerte por parte del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Intimidaciones que provocaron, en el año 2003, el desplazamiento forzado de gran parte de la comunidad y en las que participaron directamente exjefes paramilitares.Fueron los campesinos de Asocab los que en el año 2006 le pidieron al Incoder que iniciara el trámite de la extinción del dominio de las fincas “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios quiere”, ante su falta de explotación. Pero un año después la empresa Aportes San Isidro, representada por José Ernesto Macías, apareció en la ecuación con una escritura pública con la que alegaron la propiedad de los predios y la compra de buena fe.En 2008 el Incoder inició el procedimiento de extinción de dominio sobre las tres fincas en disputa. El mismo año en que las comunidades denunciaron ser víctimas de otro evento de desplazamiento forzado por la posesión de la codiciada hacienda.Consejo de Estado Foto:Consejo de EstadoAunque el Incoder declaró en el año 2012 la extinción del dominio de dichos predios para la reforma agraria, aún queda el capítulo de la millonaria indemnización pretendida por las palmicultoras, que adquirieron las tierras con el hermano del presunto narcotraficante.El consejero de Estado Nicolás Yepes deberá dar trámite, después de la vacancia judicial de semana santa, de los eventuales nuevos recursos que presente Aportes San Isidro contra la reciente decisión adversa.ANA MARÍA CUESTAEditora de justicia anacue@eltiempo.com