Para este martes 27 de mayo estaba prevista la audiencia de imputación ante el Juzgado 66 Penal de Control de Garantías a César Manrique Soacha, exjefe de Función Pública y mano derecha del presidente Gustavo Petro, y a otras siete personas por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).A César Manrique -ex M-19 y recientemente condenado por un escándalo durante la alcaldía de Petro en Bogotá- la Fiscalía lo señala como presunto integrante de una red que habría direccionado contratos y facilitado el desvío de recursos públicos, a través de una modificación presupuestal de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Dicha operación habría recortado 100.000 millones de pesos, lo que abrió espacio, según el ente acusador, para que los dineros se desviaran con fines políticos y en favor de aliados del Gobierno.César Manrique durante la audiencia de imputación. Foto:Archivo ParticularAl inicio de la diligencia, Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado condenado por sobornar con $13mil millones a los exdirectivos de la Ungrd recluido en la cárcel La Modelo, no se conectó por falta de la notificación. Después, Sonia Rocío Romero Hernández, contratista de la UNGRD, solicitó el aplazamiento de la audiencia debido a que tanto ella como su abogado, Elkin Centeno, no pudieron asistir por razones de salud, adjuntando la respectiva incapacidad médica. De igual manera, la contratista Ana María Riveros solicitó el aplazamiento por un quebranto de salud, anexando también la correspondiente incapacidad.Todas las excusas se presentaron pese a que la audiencia se realizó de manera virtual.Mientras que sí se conectaron César Manrique, Óscar Enrique Cárdenas Angulo, Édgar Echeverri Toro, Francisco Javier Estupiñán y Jorge Aristizábal Rodríguez. Óscar Enrique Cárdenas Angulo en audiencia de imputación. Foto:Archivo ParticularFrente a esta situación, la fiscal María Cristina Patiño solicitó agendar nuevamente la audiencia de imputación.”La Fiscalía solicita el reagendamiento de la diligencias porque no se puede adelantar por la ausencia de un detenido y otros indiciados que se han excusado. La Fiscalía no fraccionara las imputaciones en principio de eficiencia de la justicia. Son imputaciones por un entramado criminal y se haría menos comprensible el rol fáctico y jurídico sin la presencia de todos”, dijo.Después, Pablo Bustos, integrante de la Red de Veedurías y quien figura como representante de víctimas, resaltó la importancia de llevar a cabo la diligencia.”Esta audiencia ha sido esperada desde hace más un año por las víctimas que represento. El retraso genera una afectación mayor en términos de conocer la verdad y el acceso a la justicia”, dijo. María Cristina Patiño, fiscal a cargo del caso UNGRD. Foto:Archivo ParticularEn respuesta, la fiscal señaló: “como se trata de 8 personas, es complejo para la Fiscalía manejar términos visibles para todos, eso sumado a la compresión a las victimas e indiciados en la que cada uno es imputado. Es mejor tomarnos unos días más, ojalá no muchos, y proceder con eficacia”.Pese al enérgico llamado de atención de la jueza, quien fue contundente al afirmar que “todos estamos en la virtualidad y debió verificarse la conexión con antelación”, la diligencia fue reprogramada.En todo caso, la togada reprogramó la audiencia de imputación para el miércoles 4 de junio a las 8:00 a.m., ante las excusas presentadas por algunos defensores que manifestaron no poder asistir ni siquiera de manera virtual por los compromisos que tienen.”No hay disculpa para ninguno. Vamos a fijar la audiencia. Me da mucha pena , pero esa es la fecha. Pueden nombrar a un abogado suplente y este juzgado no puede durar 8 días con el expediente”, concluyó.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: