Durante casi veinte años, la estadounidense Jacqueline Stevens (1962) ha hecho lo que el Gobierno de su país no hace por su cuenta: rastrear cuántas personas son deportadas por las autoridades migratorias a pesar de ser ciudadanos. Empezó a hacerlo en 2007, cuando supo del caso de Pedro Guzmán, un hombre de 31 años con problemas de salud mental que estaba encarcelado por un delito menor en Los Ángeles, California, donde nació, cuando fue expulsado del país. Guzmán fue deportado a México y pasó tres meses a la deriva, durmiendo en la calle y comiendo de la basura mientras su familia lo buscaba desesperadamente.“Se me ocurrió que si esto le había ocurrido a una persona, probablemente también le estaba ocurriendo a muchas otras. Que los protocolos que llevaron a la deportación del señor Guzmán, también estaban llevando a la deportación de otros ciudadanos”, Stevens cuenta por teléfono desde Chicago. La investigadora y profesora de ciencias políticas en la Universidad de Northwestern (Illinois) se lanzó a estudiar algo que hasta entonces nadie había analizado a fondo.Examinó años de expedientes judiciales de los tribunales de inmigración del país, revisó miles de casos y registros gubernamentales, y entrevistó a jueces de inmigración, abogados y ciudadanos deportados. Encontró que alrededor del 1% de las personas detenidas por las autoridades migratorias y el 0,5% de las deportadas son realmente ciudadanos estadounidenses. Aunque se trata de una pequeña parte del total de deportaciones que se llevan a cabo, las consecuencias pueden ser traumáticas, como lo fueron para Guzmán.El trabajo de Stevens ha cobrado aún más importancia ahora que la Administración de Donald Trump se ha planteado la idea de deportar a ciudadanos condenados por delitos. El presidente ha asegurado que está considerando enviarlos a cárceles en El Salvador, a donde ya trasladó a más de 200 inmigrantes sin debido proceso tras acusarlos de pertenecer a pandillas latinoamericanas. “Los nativos son los siguientes”, le dijo el republicano al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, durante su visita oficial a la Casa Blanca la semana pasada. Fue una declaración que hizo saltar las alarmas de todo tipo, pero para Stevens, que fundó en Northwestern la Clínica de Investigación de Deportaciones, no se trata de nada nuevo.Pregunta. ¿Cuánto le alarman los últimos comentarios del presidente sobre enviar a ciudadanos estadounidenses a prisiones de El Salvador?Respuesta. No veo cómo sería siquiera plausible. Dejando de lado las cuestiones constitucionales, si vas a poner a alguien bajo custodia federal como castigo por algún delito, la instalación tiene que cumplir con todo tipo de regulaciones de la Agencia Federal de Prisiones. En la medida en que sean capaces de aplicar cualquiera de esas normas fuera de Estados Unidos, sería extremadamente caro y realmente socavaría todo el teatro que Trump tiene en mente, porque esas instalaciones tendrían que ajustarse a las normas ya vigentes en Estados Unidos. Y una vez que eso sucede, le quita un poco la diversión al presidente.P. Su argumento es que en realidad sería más barato retenerlos allí.R. Exacto, y no lo será. No hay ningún resquicio legal que diga que se puede detener a personas por delitos federales sin que se les aplique el reglamento de la oficina de prisiones porque están encarceladas en El Salvador.P. Pero su Administración sigue insistiendo en ello.R. Esto no es exclusivo de Trump, pero está tratando de asociar la criminalidad con la alteridad y la extranjería, y, por tanto, manchar a las personas que están en este tipo de procedimientos y hacer que el público piense que no importa si los enviamos a otro país. Pero en la medida en que estamos considerando castigar a personas por robar un carro enviándolas a El Salvador si son ciudadanos, también deberíamos reconsiderar nuestro impulso de hacerlo si no son ciudadanos.P. ¿Cómo se producen las deportaciones de ciudadanos? ¿No se supone que hay protecciones legales para que no ocurran?R. El problema es que no hay protecciones para evitarlas. La premisa de los procedimientos de deportación es que la persona que tienes bajo custodia no es un ciudadano y, por tanto, la Constitución puede proporcionarle muy pocas protecciones. Y cuando se parte de esa base, se acaba deportando a las personas equivocadas, incluidos los ciudadanos. Quiero ser muy clara sobre una cosa: la razón por la que investigo esta cuestión no es porque me preocupen más los ciudadanos estadounidenses que cualquier otra persona, sino para poner de relieve exactamente este problema. Porque si uno acude a un tribunal de inmigración como ciudadano estadounidense y, aun así, es deportado, eso nos dice muchísimo sobre el bajo nivel de protección legal que hay para todos los demás.P. Esto va a sonar muy obvio, pero ¿puede explicar por qué es ilegal deportar a ciudadanos?R. Las leyes de inmigración y de deportación son solo para los no ciudadanos, legalmente no se pueden aplicar a alguien que sí lo es. Es como preguntar, ¿puede explicar por qué es ilegal declarar culpable a alguien que es inocente? Por definición, es imposible, y, sin embargo, ocurre.P. Empezó a investigar este tema porque no había nadie que lo siguiera, y menos aún el Gobierno. ¿Por qué cree que hay tanto secretismo al respecto?R. Todavía no hay datos sólidos sobre esto en términos de la magnitud de cómo está sucediendo en todo el país. En algún momento, pensé que tenía una solución. Se me ocurrió hacer una solicitud [de información al Gobierno] de los datos sobre el país de origen en todos los casos ante los tribunales de inmigración. Porque sabía que algunas de estas personas habían nacido en Estados Unidos, y en un procedimiento ante un tribunal de inmigración, debería indicar que afirmaban que su país de origen era Estados Unidos. Sin embargo, lo que aprendí es que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que es la agencia que supervisa los tribunales de inmigración, se basa exclusivamente en los datos del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para ese campo. Y el ICE nunca va a ir a un tribunal y decir: “Aquí tengo a alguien nacido en Estados Unidos, juez, por favor, depórtelo”. Así que sus datos indicaban, en algunos casos, de forma inexacta, que la persona había nacido fuera de Estados Unidos. Eso es una prueba bastante clara de que el Gobierno federal durante décadas ha sabido que algunas de las personas bajo su custodia son ciudadanos estadounidenses.P. Pero no es algo que vayan a reconocer públicamente porque entonces tendrían que admitir que están haciendo algo ilegal.R. Y no quieren reconocerlo porque no pueden gestionar este sistema de forma coherente con la Constitución estadounidense y admitir al mismo tiempo que están deportando a ciudadanos. Eso ha sido un gran problema en los últimos años. Cuanto más se difunde en los medios de comunicación la investigación que he realizado, más se esfuerza el ICE por desafiar a las personas que reclaman la ciudadanía estadounidense. En el pasado, reconocían rápidamente que habían cometido un error, liberaban a la persona y ponían fin al procedimiento de deportación. Pero ahora llegan a extremos ridículos para tratar de hacer esas afirmaciones.P. Y eso solo va a empeorar bajo la Administración Trump.R. Exactamente.P. En su trabajo, ¿ha observado alguna diferencia entre las personas nacidas en Estados Unidos y los ciudadanos naturalizados a la hora de ser deportados?R. Irónicamente, a las personas naturalizadas les resulta más fácil demostrar su ciudadanía que a las personas nacidas en Estados Unidos o que han adquirido automáticamente la ciudadanía al nacer. La razón es que si uno se ha naturalizado, tiene toda la documentación del Departamento de Seguridad Nacional que lo demuestra. Si naces en Estados Unidos, no es tan fácil. Hace poco hubo un caso de un hombre nacido en California, que cuando intentó regresar al país con su certificado de nacimiento y demás, la patrulla fronteriza le dijo: “oh, debes haberlo conseguido fraudulentamente”.P. ¿Así que un certificado de nacimiento estadounidense ya ni siquiera es un documento suficiente?R. Aunque tengas las huellas dactilares y puedas demostrar que eres la persona asociada al certificado de nacimiento, es posible que sigan sin reconocerlo.P. ¿Hay algo que le haya llamado especialmente la atención en su investigación?R. En muchos de estos casos de ciudadanos estadounidenses que son deportados, el ICE dedica mucho tiempo a hacer hincapié en sus antecedentes penales. Y eso se puede ver en el caso de Guzmán, donde hablaban de que esta persona era miembro de una banda, etcétera. Como si señalar eso fuera suficiente para justificar la deportación de un ciudadano.P. Es similar a lo que están haciendo ahora con Kilmar Abrego García al tratar de justificar su deportación, incluso después de admitir que se llevó a cabo por un error administrativo. Todo forma parte del mismo modus operandi.R. Y en ese sentido lo que está diciendo Trump no es nuevo y de hecho resuena con la forma en que el ICE ha estado operando durante bastante tiempo.

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