La Fiscalía General de la Nación tiene oficialmente en sus manos una denuncia en contra de los ciudadanos Teófilo Lemus y José María Pernas (español), socios inversionista del megaproyecto portuario de Puerto Pisisí, el cual se está construyendo en una bahía de Turbo en el golfo del Urabá antioqueño.La acción judicial se encamina a que la Fiscalía inicie una investigación por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en el Urabá, quienes tienen un acuerdo con la sociedad portuaria.EL TIEMPO conoció la denuncia, de nueve páginas, que en resumidas cuentas alega el presunto incumplimiento de la sociedad portuaria con un grupo de víctimas reclamantes de tierras, quienes adelantaron un proceso de restitución en los predios donde se alza el magaproyecto, pues de allí fueron desplazados años atrás por cuenta del conflicto armado.Lugar donde se construirá Puerto Pisisí, en Turbo Foto:Alejandro Mercado“Desde 2019, los denunciados desplegaron una estrategia de acercamiento para que las víctimas desistieran de sus procesos de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras. El engaño consistió en prometer que la sociedad portuaria les daría una solución ‘más rápida y mejor’ que la justicia estatal”, se lee en la denuncia.Según marca el expediente, la Sociedad Portuaria de Puerto Pisisí se comprometió a no participar como opositora en el expediente de restitución y habría ofrecido una compensación adicional a las víctimas. En abril de 2021 se firmó un memorando de entendimiento en el que se suscribieron varios compromisos, los cuales, casi cinco años después, no se habrían cumplido.Entre los acuerdos estaba que Puerto Pisisí les iba a comprar un predio de 30 hectáreas a las víctimas denunciantes. Además, la construcción o compra de un bien inmueble a favor de cada uno de los seis reclamantes de tierras, en zonas rural o urbana. También una indemnización tasada en pesos colombianos para la implementación de un proyecto productivo.Por último, “la creación de una empresa asociativa de propiedad de las víctimas de cuyos excedentes se pagará una retribución mensual a las cabezas de familia de las victima”, como se lee en la denuncia.Los reclamantes aclararon que no se oponen al proyecto, pero que no renunciarán a sus derechos. Foto:Cortesía Fundación Forjando FuturosSegún se lee en la acción judicial, una vez firmado el compromiso, la sociedad Pisisí obtuvo la concesión portuaria de la Agencia Nacional de Infraestructura en enero de 2023. Luego de ello, señalan las víctimas, los denunciados cesaron toda comunicación y pago, dejando a las víctimas sin tierras y sin posibilidad real de reclamar judicialmente el asunto.La denuncia fue interpuesta por campesinos reconocidos oficialmente como víctimas de hechos violentos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, en el municipio de Turbo (Antioquia). Los casos están relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduardo Cubides, así como del secretario del Concejo, Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica.Puerto Pisisí, por su parte, se vendo como una nueva alternativa de conexión entre los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, con el sur y oriente del país.“Se convertirá en factor impulsor de la economía y el turismo en la región, gracias a sus conexiones con diferentes regiones del país. Así mismo, oportunidades de educación para el manejo de tecnologías de punta”, se lee en su página web. Sin embargo, sus representantes legales están accionados ante la justicia en un proceso por presunta falla en los compromisos adquiridos.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en X MÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA