Un ataque con drones explosivos en Tibú que dejó a un niño muerto. Violentas extorsiones en Caquetá y los Llanos Orientales. Combates que arrodillan a la población civil, atrapada en el medio. Estos son algunos de los crímenes atribuidos a las disidencias de alias Calarcá, con las que, con algunos frentes, el Gobierno decretó un cese de operaciones ofensivas.En diálogo con EL TIEMPO, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló sobre el fortalecimiento de este grupo armado en el marco de las decisiones tomadas por el presidente Gustavo Petro, que alista una mesa de diálogo para su desarme. ¿Tienen voluntad de paz? ¿Es segura una zona de concentración para su repliegue?Defensora, ¿cree que decisiones del Gobierno, como el cese de operaciones ofensivas, han terminado fortaleciendo a las disidencias de ‘Calarcá’?Yo no podría afirmar de manera categórica una relación de causalidad entre las decisiones del Gobierno —tanto en materia de seguridad como de paz— y el fortalecimiento del Frente 33. Lo que sí es cierto es que este grupo se ha venido fortaleciendo, a pesar de que las decisiones del Gobierno apuntan, en teoría, a mejorar la situación. Sin embargo, no lo han logrado.Fusiles del frente 33. Foto:Cuenta de X del presidente Gustavo Petro.Actualmente, hay tres escenarios de riesgo; yo quisiera destacar dos. El primero es el de la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33, principalmente en El Tarra y en Tibú. Hoy en día, ese es el epicentro de la confrontación entre estos dos grupos, y se debe a un reacomodamiento del Frente 33, que desde marzo empezó a fortalecer su presencia y capacidad de combate.El problema no es solo la existencia de enfrentamientos, que ya de por sí implican riesgos, sino que muchas de las acciones están dirigidas directamente contra la población civil. Tanto el Frente 33 como el ELN culpan a sectores sociales, líderes comunitarios y civiles en general de apoyar al grupo contrario, y sobre esa base justifican sus acciones armadas.El otro escenario de riesgo es la preponderancia que todavía mantiene el ELN en otras zonas del Catatumbo, donde no enfrenta una disputa directa con el Frente 33. En ese contexto, las decisiones que ha venido tomando el Gobierno resultan delicadas. Nuestra invitación es a que se tomen en cuenta estos escenarios de riesgo actuales.El Gobierno propone actualmente una zona de repliegue para los disidentes del Frente 33 como paso previo a la instalación de la mesa de paz. ¿Cuál es la posición de la Defensoría frente a esta propuesta?Nuestra invitación es, más bien, a que se respondan algunas preguntas clave. Se ha anunciado una zona de ubicación temporal que, según la información compartida en la mesa de conversaciones, se establecería en Tibú. Es decir, en la zona donde hoy se concentra la confrontación más fuerte entre el Frente 33 y el Eln.Las zonas de concentración están previstas en la Ley 2272 de 2022. Así que la pregunta no es si son posibles —porque, de hecho, están contempladas en el marco de procesos que conduzcan al desarme, lo cual es positivo—. La pregunta es si Tibú es el lugar adecuado para ubicar a estos hombres armados, cuando ni se han desarmado ni hay claridad sobre cuándo lo harán.‘Calarcá’, antiguo comandante del Frente 40 de las Farc, es jefe del Bloque Jorge Suárez Briceño. Foto:EFE / Juan Pablo Rueda. EL TIEMPOUbicarlos armados en Tibú, además con protección de la Fuerza Pública, plantea dos riesgos importantes. El primero: que esa protección termine convirtiéndose en una ventaja militar para el Frente 33 frente al Eln. La Fuerza Pública debe ser imparcial frente a todos los actores armados y su mandato principal es proteger a la población civil.El segundo riesgo es: ¿cómo se va a garantizar que el Frente 33 no utilice esa zona de ubicación como base para seguir cometiendo delitos y crímenes contra la población civil? Esto ya viene ocurriendo, y en los últimos días incluso ha costado la vida de niños.¿Qué otros puntos del país le generan preocupación en materia de orden público?En este momento, 392 municipios del país tienen riesgos consignados en alertas tempranas regionales. Esto refleja que hay múltiples zonas que generan gran preocupación. Por ejemplo, actualmente está activa toda la alerta en el sur del país por las disputas entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y las disidencias de ‘Calarcá’. Esta situación abarca siete departamentos del sur, con un epicentro especialmente crítico en Meta y Guaviare.También preocupa la situación en el Catatumbo, el Bajo Cauca, el norte de Antioquia y el Magdalena Medio, donde se presentan combates entre diferentes grupos armados, entre ellos el ‘Clan del Golfo’, las disidencias y, en algunos casos, el ELN.En el Bajo Calima y en Chocó se libra una disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo. Este último ha venido descendiendo desde el norte del país por el Chocó, y ha extendido su presencia hasta el sur de ese departamento, el norte del Valle del Cauca y, particularmente, la zona del Bajo Calima —zona rural de Buenaventura.En esta zona se ha identificado recientemente la presencia de un frente de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, que estaría actuando en asocio con el Clan del Golfo para disputarle el territorio al ELN. Lo que hemos documentado allí son confinamientos que afectan a unas 4.000 personas, además de un riesgo latente de desplazamiento forzado. La gravedad de la situación radica en que muchas de estas comunidades ya habían retornado.Eln señala al Frente 33 del ataque con drones en el que fue asesinado un menor en Catatumbo Foto:Archivo ParticularAhora están nuevamente en riesgo de desplazamiento. Nos han dicho que no quieren volver a salir, porque la experiencia anterior —en coliseos de Buenaventura y de Cali— fue extremadamente dura. Están tratando de resistir, pero realmente la situación es muy difícil. Hay homicidios selectivos, y los grupos armados culpan a la población de apoyar a uno u otro actor. Como la presencia de estos grupos es constante, es casi imposible no relacionarse con ellos. En ese contexto, jóvenes están siendo sacados, asesinados o desaparecidos.¿Qué hay detrás del incremento de ataques con drones explosivos? Desde la Fuerza Pública sostienen la hipótesis que están instrumentalizando a niños víctimas de reclutamiento…Sí. Todos los grupos armados están reclutando. Las disidencias —tanto las de ‘Calarcá’ como las de ‘Mordisco’—, el Clan del Golfo y el ELN tienen prácticas tanto de uso como de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En lo que respecta al uso de drones, lo que hemos identificado es que esta práctica parece ser especialmente prevalente en las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. Y, por supuesto, al haber menores en sus filas, es claro que están siendo involucrados en este tipo de acciones ilegales, junto con otras funciones dentro de los grupos.Con esas acciones, ¿usted considera que las disidencias de ‘Calarcá’ sí tienen voluntad de paz?Nuestro llamado es a que todos los actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario, pero especialmente aquellos que están en procesos de desmantelamiento, como las disidencias de ‘Calarcá’, que incluyen al Frente 33, activo en el Catatumbo.No podemos afirmar que el Frente 33 o las disidencias de ‘Calarcá’ no tengan voluntad de paz. Pero si partimos del principio de que están comprometidos genuinamente con un proceso de paz y que buscan llegar a un acuerdo, es fundamental que haya coherencia entre su discurso y sus acciones.Lo que observamos, en cambio, es un recrudecimiento del conflicto armado: acciones dirigidas contra la población civil, señalamientos, estigmatización de organizaciones sociales y de sectores comunitarios. Estas no son señales de un grupo que se prepara para dejar las armas, sino más bien de una organización que actúa bajo una lógica de escalamiento y agudización del conflicto.Hoy se elige al próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Desde la Defensoría del Pueblo se ha insistido en la presentación de ternas conformadas exclusivamente por mujeres para reemplazar a magistradas. ¿Qué opina usted que Héctor Carvajal es el principal candidato para reemplazar a Cristina Pardo?Nosotros no nos pronunciamos sobre candidatos específicos, porque ese no es el rol de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, sí hemos hecho un llamado a la importancia de avanzar en la paridad de género en todas las instancias de poder, particularmente en las altas cortes.Actualmente, la representación de las mujeres en la Corte Constitucional es apenas del 29%, a pesar de que el 55% de los miembros de la rama judicial son mujeres. Esto demuestra que hay mujeres preparadas, con méritos y trayectoria suficientes para ser magistradas.‘Vamos a firmar la ruta de la seda’: presidente Petro Foto:Queremos aclarar que hay muchas mujeres que cumplen con los tres requisitos. No se trata de elegirlas únicamente por ser mujeres, sino porque tienen las competencias, capacidades y calidades necesarias. Sin embargo, se enfrentan a un “techo de cristal” que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, favorece la elección de hombres.Hoy, la Corte Constitucional está conformada por cinco hombres y cuatro mujeres. Se está eligiendo el reemplazo de una magistrada mujer; si finalmente se elige a un hombre, la única corporación tradicional cercana a la paridad pasará a tener solo un 30% de representación femenina, pues solo una tercera parte estará conformada por mujeres.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia