Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la estructura de las disidencias conocidas como Embf (Estado Mayor de Bloques y Frente), comandadas por alias ‘Calarcá’, enfrentan un nuevo punto de tensión tras la publicación de información recuperada de computadores y dispositivos electrónicos incautados al grupo. LEA TAMBIÉN De acuerdo con un reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, los archivos revelan que, mientras se desarrollaban diálogos de paz y ceses del fuego, esta estructura armada habría seguido cometiendo graves delitos, entre ellos asesinatos de firmantes del acuerdo de 2016, reclutamiento de menores y la expansión de su capacidad militar.El reporte mostró que, aun cuando el Estado había reducido la persecución judicial y operativa contra esta disidencia en el marco de la política de ‘paz total’, el grupo habría aprovechado ese margen para fortalecer sus operaciones en varias regiones del país.Los hallazgos corresponden a conversaciones, fotografías y registros internos que dan cuenta de acciones llevadas a cabo durante el proceso de negociación.Reunión exploratoria entre el Gobierno y las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá. Foto:Archivo particularAsesinatos de firmantes durante el cese al fuegoUno de los episodios que más atención generó tiene relación con un crimen ocurrido el 6 de enero de 2024, cuando la estructura de Calarcá participaba en un cese al fuego bilateral con el Gobierno.Los chats recuperados muestran que el propio cabecilla ordenó el asesinato de un excombatiente de las Farc que había firmado el acuerdo de paz. De acuerdo con los mensajes divulgados por Noticias Caracol, la orden se habría motivado por comentarios que la víctima hacía sobre él.Tras el hallazgo del cuerpo, la asociación de firmantes del acuerdo emitió un comunicado rechazando el crimen y advirtiendo que persiste una situación crítica de seguridad. En el reportaje, César Tamayo, vocero de quienes dejaron las armas en 2016, expresó preocupación por los riesgos que siguen enfrentando. Según las cifras mencionadas en el informe, 482 firmantes han sido asesinados desde la firma del acuerdo, mientras que otros permanecen desaparecidos o han sido víctimas de secuestros. LEA TAMBIÉN Para Kayle Johnson, director de investigaciones de la fundación CORE, el hecho de que el Embf continúe asesinando civiles y excombatientes en plena negociación constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario y agrava la situación en los territorios donde estas estructuras mantienen presencia. Según señaló, los avances políticos no se reflejan en el terreno, lo que genera incertidumbre en comunidades que continúan expuestas a la violencia.Secuestros y evidencias de reclutamientoAdemás de los asesinatos, los dispositivos incautados contenían fotografías de personas que aparecen amarradas, golpeadas o secuestradas. En algunos casos, las imágenes registran a víctimas posteriormente acribilladas.El reclutamiento de menores también quedó documentado. Una conversación entre un hombre identificado como alias ‘El Mueco’ y Calarcá muestra el reporte de dos nuevas vinculaciones al grupo, una de ellas una niña de 14 años. La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló en el informe que esta práctica se viene registrando desde 2023 y que existen evidencias concretas que la confirmarían.Marín también advirtió que el uso de figuras jurídicas como la suspensión de órdenes de captura, otorgadas para facilitar las negociaciones, generó dudas debido a casos como la caravana interceptada en Antioquia en 2024. En ese episodio, donde iba Calarcá, se identificó la presencia de personas sin suspensión de órdenes, dinero, armas y un menor de edad, según lo presentado por Noticias Caracol.Firmantes de paz. Foto:Prensa ARN Colombia.Expansión militar durante la negociaciónOtro punto central es el aumento de la capacidad militar de las disidencias durante el periodo de conversaciones. Registros internos muestran compras de armas como fusiles Dragunov, fusiles Tavor y granadas para fusil, cuyos pedidos eran aprobados por Calarcá. Conversaciones divulgadas revelan contactos con proveedores y movimientos de arsenal hacia distintas zonas del país.Johnson indicó que, según datos de la Fundación CORE, en 2022 estas unidades operaban en 66 municipios, cifra que aumentó a 110 en la actualidad. También explicó que el número de integrantes pasó de 1.400 a 2.800, duplicándose en tres años. Esta expansión, afirmó, empezó durante el gobierno anterior y continuó durante el actual. LEA TAMBIÉN El investigador señaló dos motivos principales para este crecimiento: el aprovechamiento de los ceses bilaterales y el fortalecimiento de economías ilegales, que permiten mayores ingresos para financiar su expansión territorial.Ángela María Páez Rodríguez Redacción Últimas Noticias