El Consejo Nacional Electoral, en un hecho inédito, sancionó a la campaña Petro Presidente por violar los topes de financiación. En su decisión de carácter administrativo, los magistrados compulsaron copias a la Fiscalía para que investigara a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña.La ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) concluyó que la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño superó los topes por 3.500 millones de pesos, y responsabilizó a Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Aydée Mogollón, a la auditora María Lucy Soto, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).CNE Foto:Archivo particularAdemás de pagar una multa de más de 3.000 millones de pesos, Roa se expone a un proceso penal, ya que la violación de topes de campaña constituye un delito. Por ello, el tribunal electoral solicitó a la Fiscalía que lo investigue y determine la posible comisión de este y otros cargos.La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también recibirá copia del expediente para investigar la posible responsabilidad penal del presidente de la República por el desfase en la financiación de la primera y segunda vuelta de su campaña, que no reportó la totalidad de los pagos a testigos electorales ni las donaciones de los sindicatos Fecode y USO.Esta instancia también recibió una compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia que, en una investigación sobre financiación con fuentes prohibidas contra la lista del Pacto Histórico al Senado, concluyó que se hicieron pasar como gastos de esta campaña los correspondientes a la consulta interpartidista del candidato Gustavo Petro.¿A qué se enfrenta Ricardo Roa?”Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico, deberá restituir de manera indexada al Fondo Nacional de Financiación Política la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), valores que fueron reconocidos y pagados sin justa causa mediante las resoluciones 2919 de 2023 y 12429 de 2023, respectivamente. Asimismo, se ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal, al haber inducido a la administración a error”, señala la ponencia que resultó triunfadora en la sesión del jueves 27 de noviembre en el CNE, con una votación de 6 a 3.Actualmente solo ocho magistrados del CNE pueden votar. Foto:Presidencia – CNEAdemás del delito de violación de topes per se, que según el Código Penal conlleva una pena de 4 a 8 años de cárcel, en la ponencia se solicita investigar a Roa por alteración y falsedad de la información.”Toda alteración o falsedad de la información, debidamente comprobada, de los datos contenidos en los informes físicos y/o en los registrados en el software aplicativo Cuentas Claras, será investigada y sancionada por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con sus competencias. Del mismo modo, esta Corporación compulsará copia a las entidades que correspondan. (…)”, señalaron los magistrados.En ese caso, según penalistas como Francisco Bernate, la pena podría alcanzar hasta 12 años de cárcel.”La parte un tanto compleja tiene que ver con la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, toda vez que esto ya adquiere ribetes de orden penal. En cuanto a las consecuencias, solo hasta que esta investigación ante la Fiscalía General de la Nación se agote y los jueces de la República decidan, se podrá hablar de la responsabilidad penal de los encargados de la parte financiera de la campaña Petro Presidente”, señaló el exregistrador Alfonso Portella.El exministro de Justicia Wilson Ruiz, por su parte, calificó la compulsa de copias contra Ricardo Roa como un punto de inflexión. “Estamos ante la apertura de un camino que podría revelar irregularidades de enorme trascendencia institucional. Cuando el gerente de la campaña presidencial hoy presidente de Ecopetrol debe ser investigado por posibles aportes prohibidos, violación de topes electorales y eventuales actos de fraude procesal, lo que está en juego es la credibilidad del proceso electoral que llevó al actual Gobierno al poder. Y Colombia no puede permitirse la más mínima sombra sobre la transparencia democrática”, dijo.La Fiscalía ya ha adelantado diligencias judiciales para determinar las responsabilidades penales por este capítulo. El pasado 29 de octubre realizó una inspección a la sede de la Colombia Humana, donde reposa toda la información contable de la campaña presidencial de 2022.También ha llamado a versión libre a personas cercanas a la campaña ganadora en las pasadas elecciones presidenciales, entre ellas Xavier Vendrell, salpicado en el escándalo del zar del contrabando por presuntamente recibir 500 millones de pesos de ‘Papá Pitufo’ para la campaña, monto que, según el presidente Petro, fue devuelto tras conocerse su origen. Además, fueron citados Augusto Rodríguez, actual director de la UNP, y Eduardo Ávila.Otra de las ramas de este caso es el proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, quien habría solicitado y aceptado apoyo económico para la campaña de su padre —según el mandatario, a sus espaldas— de personas como Gabriel Hilsaca y Máximo Noriega. Por estos hechos, le fueron imputados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y actualmente se encuentra en etapa de juicio.Fundador de Fundación San José habla sobre Juliana Guerrero Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia