El Consejo de Estado estudiará una demanda de pérdida de investidura los senadores Martha Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez, Julio Elías Chagüi Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya y de los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.Esta demanda, presentada por el abogado Pablo Bustos de la Red de Veedurías de Colombia, fue aceptada para su estudio por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar de la Sala 10 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.”En criterio del solicitante, se configura la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.5 de la Constitución Política, que dispone: ‘Los congresistas perderán su investidura: (…) 5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado (…)'”, dice el auto del 29 de enero de este año.Y añade: “Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses» en armonía con el artículo 180.2 de la C.P. ‘Los congresistas no podrán (…) 2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por si o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición (…)”.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetLas investigacionesPor un lado, la Corte Suprema de Justicia abrió investigaciones penales para establecer si participaron en un presunto esquema de intercambio de apoyos legislativos por contratos o beneficios derivados de la UNGRD.Por otro lado, el Consejo de Estado cursa la demanda de pérdida de investidura en su contra, al considerar que los hechos denunciados podrían configurar violaciones al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y deberes de los congresistas; hasta ahora no hay fallos de fondo ni condenas, pero los procesos siguen en curso y avanzan de manera independiente. Entre tanto, varios de los implicados continúan ejerciendo sus cargos e incluso se mueven políticamente con miras a las elecciones de 2026, en medio de un debate sobre la responsabilidad de quienes fueron mencionados en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno.Redacción Justicia