Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía presentó la acusación contra el exdirector del Dapre y señalado ‘cerebro’ del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Ramón González. El procesado, hoy prófugo de la justicia, reapareció y asistió de forma virtual.Además de describir los hechos que sustentan los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, en la acusación la Fiscalía señaló condiciones que ameritan un mayor “reproche punitivo”, como haber sido la ‘mano derecha del Presidente’, su posición económica y su poder político, este último amasado durante más de dos décadas.Sneyder Pinilla, ahora testigo en el caso de la Ungrd. Foto:Archivo particularA Carlos Ramón González, quien huyó en medio del escándalo y recibió el asilo del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, se le acusa de ser la cabeza del entramado criminal que se apropió de recursos de la UNGRD y direccionó ilegalmente los contratos de la entidad para aceitar el trámite de las reformas sociales del Congreso.Al menos trescientas pruebas sustentan que el exdirector del Dapre fue quien ordenó, en una reunión en Palacio conocida como “el cónclave”, y a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz —hoy presa por su papel en el entramado—, junto con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, la entrega de 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Congreso para favorecer proyectos legislativos de iniciativa del Gobierno.”En la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, González Merchán ordenó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo, que previamente les había ofrecido”, se lee en el escrito de acusación.La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Foto:CortesíaDurante la audiencia, la Sala de Primera Instancia, en especial el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto, acreditó como víctimas del caso a la UNGRD, la Contraloría, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a dos comunidades wayúu, que serían las beneficiarias del multimillonario contrato para adquirir 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a las rancherías.Así mismo, la defensa, liderada por el penalista Iván Cancino, pidió aclaraciones a la Fiscalía sobre hechos descritos en la acusación, como el encuentro entre su cliente y Olmedo López, Sneyder Pinilla y otros implicados en el escándalo corrupto. #ElTiempo #NoticiasColombia #ÚltimaHora Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia