La intervención de la Contraloría evitó que se concretara un daño patrimonial al Estado en el caso de los helicópteros MI-17, luego de que el Tesoro Nacional recibiera 20 millones de dólares provenientes de la aseguradora que respaldaba el contrato.El ingreso de estos recursos se produjo tras un seguimiento fiscal permanente que permitió alertar a tiempo al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de fondos públicos por el incumplimiento del contratista.Helicóptero. Foto:Cortesía Ejército NacionalDe acuerdo con la Contraloría, la actuación fiscal se originó en septiembre de 2025, cuando el ente de control emitió una advertencia al identificar que el Ministerio de Defensa no había iniciado las gestiones necesarias frente al incumplimiento contractual ni había activado oportunamente la reclamación ante la aseguradora. Esta omisión, señaló el organismo, podía derivar en un detrimento significativo del patrimonio público.”Como parte del ejercicio de control fiscal, la Entidad realizó un seguimiento técnico y permanente, que incluyó la visita al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban los helicópteros Mi-17, así como visitas a los hangares del contratista Vertol Systems Company Inc. en los Estados Unidos, además del análisis detallado de la información contractual, operativa, técnica y aseguradora, lo que permitió verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente”, dijo la Contraloría en un comunicado.Uno de los helicóptero MI-17 del Ejército. Foto:EjércitoEl organismo de control explicó que el ingreso efectivo de los 20 millones de dólares a las arcas de la Nación constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo y concomitante, orientado a proteger bienes estratégicos del Estado y a salvaguardar los recursos públicos. No obstante, advirtió que continuará verificando que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del anticipo no ejecutado, a los costos asociados a las demás obligaciones contractuales a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios ocasionados.La Contraloría General señaló que mantendrá una vigilancia estricta sobre los contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, aseguramiento y operación de aeronaves de la Fuerza Pública, con el propósito de prevenir riesgos fiscales y garantizar un uso eficiente, transparente y responsable de los recursos del Estado. Redacción JusticiaMás noticias: