Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas se movilizaron de forma irregular por el país, lo que representa un incremento del 62 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo.Según cifras oficiales de Migración Colombia, recopiladas por la Defensoría, del total de personas registradas en tránsito, el 40,41 % son mujeres, el 38,27 % hombres y el 21,32 % corresponde a niños, niñas y adolescentes, una composición que refleja el carácter cada vez más familiar y vulnerable de la migración forzada en la región. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPOLa gran mayoría de las personas en tránsito provienen de Venezuela, con 136.950 registros, seguidas por Ecuador (1.053), Perú (333) y República Dominicana (300), entre otras nacionalidades. Estas cifras consolidan a Colombia como uno de los principales países de paso en las rutas migratorias de la región.Además del flujo hacia el norte, las autoridades migratorias registraron un flujo inverso significativo. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre ingresaron al país 19.134 personas en esta modalidad, principalmente por la ruta que conecta La Miel, en Panamá, con el corregimiento de Capurganá, en el municipio de Acandí, Chocó. De este total, el 55,8 % son hombres, el 25,3 % mujeres adultas y el 19 % niños y niñas.En el flujo inverso, Venezuela también encabeza la lista de nacionalidades, con 18.787 personas, seguida por Ecuador, Perú y Chile. Estas dinámicas reflejan cambios en las rutas migratorias y en las condiciones de seguridad, transporte y control en la frontera colombo-panameña.En cuanto al tránsito hacia el norte, la mayor parte de la población migrante continúa cruzando por la frontera con Panamá a través del departamento del Chocó, principalmente por el municipio de Acandí, que concentró 18.828 registros, seguido de Juradó (277) y Bahía Solano (10). Un porcentaje mínimo, equivalente al 0,1 %, fue reportado en Necoclí, con 19 registros.Estos fenómenos implican graves vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, el acceso al agua potable y al saneamiento básico, así como a la vivienda digna, los servicios esenciales, el medio ambiente sano y el uso del espacio público. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPOEn este contexto, la Defensoría del Pueblo realizó una misión de verificación y monitoreo en Acandí, Capurganá y Sapzurro, en Colombia, así como en La Miel y Puerto Obaldía, en Panamá, con el fin de evaluar la situación de derechos de la población migrante y de personas con necesidad de protección internacional que hacen parte de los flujos inversos por la región del Darién. Esta misión dio continuidad al monitoreo adelantado en julio junto con las defensorías del Pueblo de Costa Rica y Panamá.Durante el recorrido por la ruta del flujo hacia el norte, la Defensoría evidenció el abandono de antiguos albergues debido a la disminución del tránsito migratorio. No obstante, identificó flujos pendulares de ciudadanos colombianos que cruzan hacia Panamá para realizar actividades de explotación minera en zonas del Darién.En relación con el flujo hacia el sur, la misión coincidió con el naufragio ocurrido el 9 de noviembre en aguas de Colón, Panamá, en el que falleció una menor de edad colombiana. Tras este hecho, las autoridades panameñas ordenaron la prohibición temporal de la circulación de embarcaciones en la zona.Las autoridades locales de Acandí informaron que actualmente se presentan dos dinámicas diferenciadas: migrantes con recursos económicos que son trasladados desde Colón directamente a Necoclí, sin pernoctar en Acandí, y migrantes que, al ser movilizados por el Gobierno panameño hacia La Miel y cruzar caminando hasta Sapzurro, llegan sin medios económicos para continuar su ruta hacia Necoclí.La misión constató, además, que los municipios de Acandí, Capurganá y Sapzurro no cuentan con recursos suficientes para atender a esta población y que la presencia de organizaciones internacionales ha disminuido de manera considerable, lo que limita la capacidad de respuesta local.”Desde la entidad se reitera la necesidad de fortalecer la articulación entre Colombia y Panamá para establecer rutas seguras y garantizar una respuesta adecuada ante las nuevas dinámicas migratorias. Para el 2026, la Defensoría del Pueblo tiene previsto adelantar un seguimiento integral a los flujos inversos desde su llegada a Necoclí y su tránsito por territorio colombiano”, dijo la Defensoría.La Defensoría recordó que en los últimos años la movilidad humana asociada al cambio climático y a los desastres se ha consolidado como una de las principales expresiones de la crisis climática global, con impactos directos sobre los territorios, las condiciones de vida y los medios de subsistencia de miles de personas.Redacción Justicia