Por permitir un “deterioro progresivo” del sistema de salud, la Procuraduría alista nuevas investigaciones en contra de funcionarios del Gobierno, que desde distintos cargos serían responsables del empeoramiento en el acceso a servicios médicos en los últimos meses, que van desde falencias en la atención a un ciudadano en urgencias hasta la entrega de medicamentos de alto costo.El cúmulo de inconsistencias que motivará acciones disciplinarias de la Procuraduría pone bajo la lupa no solo a funcionarios en ejercicio, sino también a exsuperintendentes, que deberán responder con base en el expediente construido tras visitas a EPS y otros actores del sistema de salud. La posible inclusión del Ministerio de Salud, dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo, en este paquete de investigaciones podría complicar su situación al frente de la cartera. En la Procuraduría ya cursan cerca de 20 investigaciones y se prevé que el número aumente con la apertura de nuevos procesos.Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud Foto:Ministerio de SaludLo recolectado por la delegada Mónica Ulloa y su equipo recoge los últimos tres años de lo que serían malos manejos. El reflejo del padecimiento que a diario viven los pacientes en hospitales y otros puntos de atención.Para la entidad, hay un “riesgo sistemático y progresivo” debido al aumento de tutelas y pasivos, producto de una falta de sostenibilidad del sistema, que se materializa en el incumplimiento de la Corte Constitucional. Y es que el duro diagnóstico se conoció justo hace unos días, cuando a la par la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro Jaramillo por no reajustar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024. Y cuando al gobierno Petro no le fue aprobada la reforma de la salud que llevó a la Comisión Séptima del Senado.La procuradora Mónica Ulloa, delegada para el sector salud (izq.). Foto:Procuraduría.Según el informe, las fallas están en tres bloques: a nivel técnico, jurídico y financiero, con golpes a EPS tanto intervenidas (que son ocho) como a no intervenidas por la Superintendencia de Salud. Las que están en estados más graves son la Nueva EPS y Coosalud, pues sus finanzas son tan críticas que no tendrían forma de seguir garantizando a los afiliados una atención digna.“Hay una falta de sostenibilidad financiera y no tienen capacidad de responder ni tutelas ni PQR”, dijo la delegada. El reporte de su equipo frente a la Nueva EPS hace énfasis en que la intervención hecha hace un año –y por la cual han pasado cuatro agentes– no ha servido para estructurar un buen funcionamiento, tanto así que siguen presentándose problemas de facturación, malas auditorías y, como no hay contratos en firme, el costo médico le ha salido más caro al Estado.Marly Reyes Bayona, en silla de ruedas y con varias afectaciones de salud, protesta en Bucaramanga. Foto:CortesíaEn Coosalud el detrimento es similar, pues desde que fue intervenida por la Superintendencia ha registrado en el último año una operación deficitaria, que en 2024 les dejó pérdidas de $ 1,1 billones, mientras que sus pasivos crecieron en un 245 por ciento. A la hora de armar el expediente, la Procuraduría también ha tenido en cuenta varias de las denuncias que ha hecho el Gobierno sobre supuestos malos manejos del pasado, las cuales en casos tienen solidez y podrían generar también llamados disciplinarios.Ajustes a la UPCDesde comienzos de año, cuando Gregorio Eljach tomó las riendas de la Procuraduría, la entidad empezó a organizar mesas con todos los actores del sector, incluidos el Gobierno, las EPS y los gremios. Los encuentros se centraron en lograr el reajuste de la UPC y de los presupuestos máximos, y en tomar medidas de liquidez para los prestadores. Las tareas no se han cumplido a cabalidad y, en lo que tiene que ver con el ajuste de la UPC para 2026, el Ministerio convocó a una cita para este 23 de diciembre. El camino para ese ajuste ya lo trazó la Corte Constitucional, al indicar que debe no solo basarse en aspectos técnicos, sino que no puede ser el mismo porcentaje que el de la inflación. Como propuesta, los gremios han hablado de que sea entre el 15 y el 17 por ciento. En caso de que no haya consenso y la crisis siga a este nivel, desde la misma Procuraduría creen que se comprometería el servicio en los próximos meses. “Si no se toman medidas ya, como el aumento de la UPC para 2026, vamos a llegar a un punto de cierre de servicios y falta de entrega de medicamentos”, le dijo a este diario una fuente.La conclusión de todo el informe se está preparando para exponerla cuando se firmen los autos de apertura de investigaciones. A la par, la entidad analiza los primeros reportes que les llegaron de EPS como Sura, luego de que la Adres reportó en octubre que habrían pagado $ 2,3 billones en facturas de pacientes muertos.La Procuraduría pidió a cada EPS un reporte para verificar la situación, y Sura, Sanitas y Aliansalud son algunas de las que ya contestaron, por lo que los técnicos están concentrados en revisar los informes. A ese expediente se sumó que, en las últimas horas, Acemi, gremio que agrupa a las EPS, también dio una respuesta.Sobre lo cual aún no hay mayores datos es el tema de supuestas irregularidades en la entrega de medicamentos, ya que la Adres no ha mandado toda la documentación requerida.Carlos López – Redacción Justicia