La portuguesa EDP Renewables, que instaló 90 aerogeneradores —los gigantes molinos de viento— en La Guajira, demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el fracaso de los proyectos de generación de energía eólica Alpha (212 MW) y Beta (280 MW), que atribuye a la falta de diligencia en la expedición de los permisos ambientales necesarios para operar.Desde diciembre de 2024, la compañía anunció el desmonte y la subasta de las turbinas eólicas, tras una cadena de tropiezos regulatorios y sociales que, según la multinacional, le dejaron pérdidas superiores a los 590 millones de euros.Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) Foto:ArchivoPara la empresa, el principal obstáculo que impidió que el proyecto germinara —llegó a Colombia en 2019 y buscaba generar 2,5 TWh al año— fueron las demoras en la expedición de los permisos ambientales.Estos trámites debían contar con el consenso de las comunidades indígenas, a través de la consulta previa, en una región clave para la transición energética y donde también operan otros proyectos eólicos, como el de Celsia, que también ha manifestado su intención de vender sus activos.Si bien la compañía ya venía golpeada económicamente por el efecto de la pandemia en 2020 y 2021, el cambio de Gobierno endureció las exigencias ambientales y duplicó el número de comunidades con las que debía adelantar procesos de consulta para poner a rodar las turbinas.Por esta razón, EDP Renewables llevó al Estado colombiano ante tribunales internacionales de arbitramento, alegando el incumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 2005.Primeras turbinas gigantes para parque eolico Foto:archivo particularEsta nueva demanda en el centro de arbitraje del Banco Mundial se suma a otros cuantiosos pleitos en los que Colombia se juega billones de pesos en indemnizaciones reclamadas por las compañías demandantes. Entre ellos está el caso Telefónica vs. Colombia, que derivó en un laudo que obligó al país a reembolsarle al operador 379 millones de dólares, pagados por la reversión de activos.Ese fallo se encuentra actualmente en apelación y con sus efectos suspendidos, mientras un tribunal ad hoc decide si lo mantiene o lo revierte.A esta lista se suma el grupo Keralty, dueño de Sanitas EPS, que también demandó a la Nación por la intervención forzosa del Gobierno, medida que la Corte Constitucional declaró ilegal y contraria al debido proceso. Las pretensiones del conglomerado ascienden a 1,2 billones de dólares —poco más de 5,2 billones de pesos— como reparación por las presuntas violaciones al Tratado Internacional de Protección de la Inversión Extranjera.Keralty alega una “expropiación indirecta y violación del estándar del TJE (Tribunal de Justicia Español) al intervenir a la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, lo que obstaculizó su gestión, mantenimiento, uso y disfrute de sus inversiones mediante medidas arbitrarias o discriminatorias”.La Agencia de Defensa Jurídica del Estado se encargará de la representación de Colombia en los litigios.Triunfo de Kast en Chile y tragedia en Antioquia Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia