Una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef) permitió la desarticulación de la red delincuencial conocida como ‘Puerto Hong Kong’, dedicada al tráfico ilícito de madera en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas. La acción fue adelantada por la Fiscalía Sexta Especializada de la Dirección contra los Delitos Ambientales y dejó como resultado la captura de 17 personas. LEA TAMBIÉN Las investigaciones establecieron que la organización obtenía altas rentas ilícitas anuales mediante la extracción y comercialización irregular de productos forestales. Estas actividades se realizaban a través de transacciones económicas irregulares y en violación sistemática de la normativa ambiental vigente, lo que permitió sostener una operación criminal de amplio alcance.La madera extraída de manera ilegal era transportada y vendida en ciudades como Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá, lo que evidencia que la red no se limitaba a zonas rurales del sur del país, sino que contaba con una cadena de distribución extendida a varios departamentos.La madera extraída era transportada y vendida en ciudades como Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá. Foto:Efe. Archivo El TiempoCapturas y presunta corrupción en la autoridad ambientalEntre las 17 personas capturadas se encuentran tres funcionarias de la Corporación Autónoma de la Amazonía (Corpoamazonía): la secretaria ejecutiva y dos contratistas. De acuerdo con las autoridades, estas personas habrían facilitado las actividades de la organización delincuencial mediante decisiones contrarias a la ley ambiental y en presunto ejercicio extralimitado de sus funciones.Este componente de la investigación puso en evidencia la posible existencia de prácticas irregulares al interior de la entidad, que habrían contribuido al desarrollo y permanencia de la red de tráfico ilegal de madera en la región amazónica. LEA TAMBIÉN Impacto en áreas protegidas y dimensión transfronterizaLas acciones de la red ‘Puerto Hong Kong’ afectaron de manera grave zonas de especial protección ambiental. Entre los territorios impactados se encuentran el Parque Nacional Natural Yaguas, en Perú; el Parque Nacional Natural Amacayacu, en Colombia, y áreas protegidas del sector de Tarapacá, en la Amazonía colombiana.Según las autoridades, estos hechos revelan la dimensión transfronteriza del daño ambiental causado por la organización, al comprometer ecosistemas estratégicos ubicados tanto en territorio colombiano como en países vecinos.Se resaltó la articulación entre las entidades encargadas de la investigación judicial. Foto:NICOLÁS ACEVEDO. FCDSTrabajo articulado contra los delitos ambientalesDurante el desarrollo de la operación, se resaltó la articulación entre las entidades encargadas de la investigación judicial, el control territorial y la protección ambiental. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, señaló que la protección del bioma amazónico exige acciones integrales que incluyan conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales.“La protección del bioma amazónico exige acciones integrales: conservación, restauración y una lucha decidida contra los crímenes ambientales. Hoy avanzamos en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado. Esta operación demuestra los resultados concretos que alcanzamos bajo la coordinación del Conaldef, que integra a la Fuerza Pública, la Fiscalía y las entidades ambientales para enfrentar estas amenazas con contundencia”, afirmó la ministra.De acuerdo con lo expresado por la funcionaria, este tipo de acciones ha permitido avanzar en la contención de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies, gracias al trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y las autoridades ambientales bajo la coordinación del Conaldef. LEA TAMBIÉN Prioridad estratégica del EstadoLa Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Conaldef reiteraron que la lucha contra los delitos ambientales es una prioridad estratégica para el Estado. Esta se basa en la investigación judicial, el control territorial y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de desmantelar organizaciones criminales que ponen en riesgo el patrimonio ecológico y la seguridad de los colombianos.*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.JOS GUERREROREDACCIÓN ALCANCE DIGITALMás noticias