Un entramado de corrupción en el direccionamiento de contratos del Ejército, a cambio de beneficios personales, quedó al descubierto en el preacuerdo que el general (r) Jorge Arturo Salgado, excomandante de la Séptima División, pactó con la Fiscalía y que ya fue avalado por la Corte Suprema. En su colaboración, se ventilaron nombres como el del coronel Harold Felipe Páez Roa, comandante del Batallón de Servicios No. 4 Yariguíes, y el también coronel Gabriel Fernando Marín Peñaloza, quienes habrían participado en el esquema.Según las pruebas allegadas a la Corte, el general (r) Jorge Arturo Salgado manipuló una licitación pública para adjudicar contratos dentro de la Séptima División a favor de dos empresas: Distrilogística, representada por Samir Fernando García Buitrago, y la firma Ingecodi S.A.S., de la familia de la ingeniera Viviana González.Corte Suprema de Justicia Foto:César MelgarejoLa investigación mostró que los requisitos de las convocatorias eran modificados para ajustar sus exigencias sustanciales —como la experiencia general, la experiencia específica y la capacidad financiera— a las características que cumplían ambos contratistas. Estas empresas, además, conocieron de antemano los parámetros de la contratación y moldearon sus propuestas para resultar favorecidas.“Se cristalizó una reiterada afectación al bien jurídico de la administración pública, mediante la ejecución de una pluralidad de conductas punibles, consumadas mediante la adjudicación de catorce contratos a las dos firmas contratistas, acordadas en el marco de los convenios ilícitos entre los dirigentes del comando de la Séptima División del Ejército Nacional, bajo el liderazgo del procesado”, señaló la Corte.Foto de archivo de tropas del Ejército de Colombia Foto:Cortesía EjércitoA cambio, el general retirado recibió una serie de beneficios personales: tiquetes aéreos para él y su familia, pagos en restaurantes y clubes sociales, patrocinio y entradas a eventos culturales, arriendo de inmuebles, servicios públicos y combustible para los vehículos del núcleo familiar. Esos beneficios fueron calculados en más de 151 millones de pesos.El expediente agrega que Salgado emitió órdenes de compra a la empresa Subatours S.A.S. para adquirir tiquetes que, en teoría, estaban destinados al personal del Ejército, pero que terminaron convirtiéndose en 36 tiquetes privados para él y sus familiares, por un valor superior a 18 millones de pesos. LEA TAMBIÉN “Salgado dio las órdenes iniciales, autorizó la manipulación de los procesos contractuales y permitió la satisfacción de sus intereses privados a costa del erario, pues los bienes y servicios destinados a su favor y al de sus familiares se cubrieron con cargo a los recursos de la Séptima División —canalizados a través de los contratistas—”, indicó el alto tribunal.En esa cadena, mientras el jefe del Estado Mayor aseguraba la dirección del pacto ilícito, oficiales y suboficiales transmitían y ejecutaban las instrucciones, y el teniente coronel Páez Roa ajustaba a discreción de los contratistas los pliegos y las adjudicaciones.Antes de la imputación, el exoficial reintegró 170 millones de pesos y, tras la aprobación del preacuerdo, la Sala de Primera Instancia procederá a fijar la condena.En su decisión, la Sala recordó que, en un sistema de justicia consensuada, debe respetarse la voluntad de las partes siempre que se ajuste a la ley. También reiteró que la justicia premial es un pilar del sistema acusatorio —reforzado recientemente por la Ley 2477 de 2025—, que busca que menos procesos lleguen a juicio oral y se privilegien las terminaciones anticipadas.Con ese mensaje, el tribunal hizo un llamado a los jueces para que no adopten una actitud “pasiva o estática” frente a allanamientos, preacuerdos o principios de oportunidad y, en lugar de negarlos sin mayor análisis, convoquen las audiencias necesarias para que las partes, con participación de la víctima y del Ministerio Público, puedan ajustar o fortalecer esos pactos.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia