“Se alteró deliberadamente la independencia del Congreso, se pervirtió la función administrativa y se afectó el patrimonio público. Esto no fue un diálogo entre ramas del poder, fue un acuerdo delictivo que lesionó intereses jurídicos esenciales que configuran los delitos imputados y demuestran la planificación conjunta y permanente. En este asunto, se evidencian unos intereses políticos sin límite que obviamente Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla articulaban a través de terceros, tratando de no ser detectados en sus actos de corrupción, con el único objetivo de que fueran aprobados los planes del Gobierno al que pertenecían, utilizando entidades como el Invías y la UNGRD como caja menor, para sacar dinero en favor de parlamentarios”.Ese es uno de los apartes más fuertes de la fiscal María Cristina Patiño durante su intervención de casi ocho horas ante el Tribunal de Bogotá, en donde imputó a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se extiende a Invías.Durante más de ocho horas, la delegada de la Fiscalía expuso que ambos exfuncionarios del gobierno Petro habrían cometido, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos sobre los cuales ellos se declararon inocentes. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Foto:Mauricio Moreno/El TiempoEn el entramado corrupto, Patiño los ubicó como supuestas “cabezas” a la hora de intentar corromper desde el Ejecutivo a congresistas con 79 contratos -solo se firmaron siete- de la UNGRD e Invías, por un valor 612.237 millones de pesos. A cambio de entregarlos, el Gobierno pediría a los legisladores que les ayudaran a aprobar reformas sociales como la pensional y la de la salud.”Lo que ocurrió fue un pacto criminal cuidadosamente estructurado en el que altos funcionarios del Estado utilizaron la capacidad contractual del Gobierno, que pertenece a todos los colombianos, como instrumento de presión y de recompensa indebida con un único objetivo: torcer la función legislativa para obtener votos favorables a proyectos oficiales y con ello asegurar la favorabilidad”, fue otra de las duras frases de Patiño en la audiencia de este lunes.Luis Fernando Velasco, exministro. Foto:Luis Fernando Velasco,La delegada del ente acusador se refirió a la gravedad de los hechos, en los que están investigados congresistas de distintos partidos. De hecho, varios de ellos como Andrés Calle e Iván Name, están tras las rejas. Para definir si van o no a detención domiciliaria como lo pidió la Fiscalía, la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal de Bogotá, fijó una audiencia el próximo 18 de diciembre a las 9 de la mañana. Tres días antes, como jefa del despacho escuchará los argumentos de las dos bancadas defensivas, encaminados a que sus clientes no sean privados de la libertad.Tribunal de Bogotá. Foto:Mauricio Moreno/El TiempoOtras frases de la Fiscalía contra los dos exministros”Es evidente que los comportamientos desplegados por los imputados implican una mayor lesividad porque fueron por altos dignatarios de la Rama Ejecutiva, con responsabilidades superiores en probidad y garantía del interés general. Su jerarquía convierte la conducta en un abuso cualificado del poder, con mayor capacidad de influencia y daño institucional, y produjo un vicio profundo en el sistema democrático porque las leyes dejan de ser expresión de la deliberación política y pasan a ser fruto de un trueque ilegal de beneficios”. “Quienes detentan la función de garantizar la seguridad pública, especialmente por tratarse de recursos de todos los colombianos, dirigidos a la población en circunstancias de mayor vulnerabilidad por calamidades o desastres, a quienes se les confió dirigir nuestro país, se interesaron únicamente en sacar adelante los planes del Gobierno sin importar que estaban utilizando la contratación de entidades tan importantes que administran y ejecutan con recursos públicos obras, traicionando la confianza de los ciudadanos, y nada obsta para que lo vuelvan a hacer en desarrollo de los acuerdos criminales realizados previamente”.”Lo que está en juego no es un trámite legislativo cualquiera, sino la integridad del sistema democrático. Los contratos públicos, que deben regirse por los principios de transparencia, selección objetiva y moralidad administrativa, fueron convertidos en moneda de cambio ilícita en un mecanismo para comprar la voluntad de los congresistas”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com