De cara a los nueve años de la firma del acuerdo de paz, EL TIEMPO habló con la Unidad para las Víctimas sobre los retos en materia de reparación, uno de los pilares del sistema integral. Alix Aguilar, directora de Asuntos Étnicos, explicó que, aunque este Gobierno es el que más ha invertido en este punto, persisten flaquezas en la articulación del amplio andamiaje institucional encargado de hacer cumplir lo pactado en La Habana.El desafío es titánico. En un país donde casi el 20 % de la población fue acreditada como víctima del conflicto —más de 10 millones de colombianos—, la entidad debe reparar al menos a 7 millones de ellas, clasificadas como sujetos activos. Hasta ahora, 1.800.000 personas han logrado acceder a este beneficio.Por parte de la Unidad para las Víctimas, que es la entidad encargada de la reparación, ¿cómo va esta tarea?Bueno, primero vale resaltar que nuestro compromiso, en el marco del Acuerdo de Paz, es la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. El acuerdo nos ubicó en un escenario complejo porque exige grandes ajustes institucionales. Nueve años después, la entidad sigue adecuando procedimientos para garantizar, sobre todo, la participación de las víctimas que ingresan por la ruta judicial.En términos presupuestales, la mayoría de recursos proviene del Presupuesto General de la Nación. ¿Qué retos han tenido para financiar las indemnizaciones?Lo más importante aquí es que, aunque a la Unidad le corresponde avanzar en los puntos del acuerdo, los recursos siguen siendo los mismos. Atendemos con el mismo presupuesto y la misma misión para la que fue creada la entidad. El acuerdo se materializó, generó mucha esperanza, pero no se asignaron recursos adicionales para las víctimas que ingresan por las nuevas vías, especialmente la judicial.Aun con esa limitación, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el que más ha incrementado las indemnizaciones. Solo este año hemos indemnizado a 110.022 personas, superando los resultados de administraciones anteriores.Directora, según la Contraloría, la reforma rural integral ha sido la gran apuesta de este gobierno. Pero otras aristas, como la participación política o la lucha contra las drogas, muestran rezagos. ¿Qué llamado hace frente a esos vacíos?Ese sigue siendo uno de los grandes retos. Lo más difícil de la implementación es la articulación institucional. No podemos seguir funcionando de manera aislada dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Debemos trabajar de la mano para que todos los procesos —aunque avancen de forma independiente— terminen en una reparación integral. Allí aún hay debilidades, pero seguimos avanzando como Estado en corregirlas.¿Cuánta ayuda internacional recibían, por ejemplo de USAID u otros actores multilaterales, y qué tanto les afectó la reducción de esa cooperación?El análisis muestra que años atrás la cooperación internacional era mucho mayor. Antes Colombia recibía un apoyo más fuerte. En los últimos años hemos mantenido ciertos aportes, pero en menor proporción, y las cifras así lo reflejan. Aun así, el Estado ha seguido avanzando con sus propios recursos. La reparación está anclada al presupuesto nacional y con base en él lideramos nuestros planes, programas y proyectos.¿En qué consiste la reparación, que incluye proyectos productivos y medidas individuales y colectivas?La Ley 1448 contempla dos formas de ser reconocidos como víctimas. La reparación individual, cuando una persona ha sufrido hechos que la afectaron directa o indirectamente; y la reparación colectiva, cuando una comunidad u organización sufrió un daño de manera colectiva y es reconocida como sujeto de reparación.Las medidas de reparación son cinco, y sobre ellas avanzamos para reconstruir el proyecto de vida de cada persona. Buscamos que el proceso sea integral: atención psicosocial, indemnización, garantías de no repetición, medidas simbólicas… Todo orientado a que realmente se sientan reparadas. Porque una cosa es estar reparado y otra sentirse reparado, y eso me lo repiten las víctimas en los territorios.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia