El exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez, fue acusado por la fiscalía delegada ante la Corte Suprema y será juzgado por los delitos de peculado y contratación sin requisitos legales por un convenio sobre energía renovable en el departamento.En 2015, Rodríguez Celis presentó un proyecto de inversión destinado a abastecer de electricidad a varias comunidades del departamento del Amazonas, con financiamiento del Sistema General de Regalías, ante el OCAD Regional Centro Sur.Sin embargo, según el escrito de acusación, la iniciativa estuvo marcada por múltiples irregularidades legales y administrativas, incluyendo la presentación de información falsa y la obtención irregular del visto bueno del OCAD.Por ejemplo, Juan Sebastián Rivera Cano, quien aparece como formulador del proyecto, declaró que no fue él quien estructuró la iniciativa, sino que fue obligado a firmarla por órdenes del Secretario de Planeación, quien a su vez actuaba bajo instrucciones directas del gobernador Rodríguez Celis.Ante estas irregularidades, se le advirtió que debía cerrar el proceso licitatorio e iniciar negociaciones de planeación con la empresa ENAM, la cual tenía en ese momento la concesión del servicio de energía eléctrica en Amazonas (contrato 052 de 2010). Sin embargo, Rodríguez Celis decidió continuar con la contratación.El escrito señala claramente: “A pesar de las evidentes anomalías e incumplimientos tanto de los acuerdos del Sistema General de Regalías como de los principios contractuales —todos ellos conocidos por Carlos Arturo Rodríguez Celis—, este continuó con la tramitación del proyecto.”Además, incumplió un requisito fundamental exigido por la Subdirección de Proyectos de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP): la presentación de un esquema de sostenibilidad a 10 años, que incluía el compromiso formal de las entidades y empresas responsables de garantizar la operación del proyecto a largo plazo.En particular, se violó lo establecido en el artículo 8°, numerales 1° y 3°, al presentar la Metodología General Ajustada (MGA) sustentada en documentos con información contraria a dicho acuerdo. Por otro lado, aunque el proyecto fue registrado en Puerto Nariño, su ejecución se realizó en otras comunidades.Rodríguez Celis desoyó las alertas de ENAM y del Ministerio de Minas sobre las irregularidades y decidió suscribir un convenio de interventoría con la Asociación de Profesores Egresados de la Universidad Nueva Granada, por un valor de 1.700 millones de pesos.Finalmente, el contrato principal, por más de 26.000 millones de pesos, fue adjudicado al consorcio Corpoamazonas.Entre los documentos que respaldaban el proyecto se encontraban certificaciones expedidas por funcionarios departamentales y por entidades técnicas, como el IPSE, pero estas no acreditaban de manera plena la viabilidad ni la sostenibilidad exigidas.Actualmente, el juicio contra Carlos Arturo Rodríguez continúa en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia