Las falsedades de Ayuso para desacreditar el plan de calidad de las universidades privadas | Educación

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido un desayuno en la mañana de este lunes para hablar de su ley de educación superior, pero la ha despachado con cuatro pinceladas y, antes de entrar en temas de política nacional, ha encadenado una serie de falsedades para desacreditar el endurecimiento del decreto de 2021 sobre creación de universidades (públicas y privadas). Con el cambio, el Gobierno pretende frenar la aprobación por los gobiernos regionales de nuevos centros con el informe contrario de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y avalado luego siempre por los gobiernos autonómicos en la Conferencia General de Política Universitaria. Esta modificación fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en un acto el pasado 31 de marzo.“Intentando hacer daño a Madrid, se lo hacen a España entera. Por ejemplo, en Canarias hay cinco privadas que deberían cerrar. Tres de las cuales las aprobaron gobiernos del PSOE”, ha dicho. Es falso. Los cinco centros privados canarios ―muy mal posicionados en los ránquines nacionales― se han validado con Coalición Canaria en el poder. Las tres primeras, eso sí, fueron por unanimidad de los partidos con representación parlamentaria y con Paulino Rivero al frente del Gobierno: Universidad Europea de Canarias, en 2010, Fernando Pessoa-Canarias, en 2014, y Atlántico Medio, en 2015.Coalición Canaria sacó adelante la Universidad Hespérides, virtual y ultraconservadora, en el Parlamento regional, con informe desfavorable del Ministerio. Contó con el apoyo de PP y Vox, y el voto en contra de los socialistas y Nueva Canarias. Pero el presidente socialista Ángel Víctor Torres tuvo que asumir la puesta en marcha esa universidad que no quería. La última en aprobarse, Tech, fue el pasado año, con el PP gobernando de la mano de Coalición Canaria. Aún no ha echado a andar, tuvo el informe contrario del ministerio y trató de ofertar solo un 4% de estudios oficiales. El decreto del 2021, que ahora se quiere reforzar, se lo impidió.Tampoco Ayuso ha dicho la verdad al hablar de Andalucía: “Echarían por tierra cuatro de las cinco nuevas”. En realidad, de las cinco, tres tuvieron informes favorables: la Loyola, con los socialistas en el poder en 2011, y la Europea de Andalucía y Alfonso X, ambas en Málaga, el pasado año. A su vez, la Fernando III el Santo, de la Asociación Católica de Propagandistas (dueño del Grupo CEU), tuvo un informe favorable pero condicionado a cambios del ministerio, pero no fue contrario. La única universidad privada con informe desfavorable del ministerio en Andalucía es la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, que promovió como empresario Javier Imbroda, antes de convertirse en consejero de Educación (de Ciudadanos) en el primer gobierno de Juanma Moreno. Salió adelante en el Parlamento andaluz en 2023 con el voto contrario de toda la izquierda.De Aragón ha dicho que el Gobierno echaría por tierra “la única que hay” en la comunidad. “Los alumnos de Aragón no tendrían opción de elegir una universidad privada”, ha asegurado. En realidad la San Jorge tiene ya dos décadas y tendrá que hacer un esfuerzo en investigación para cumplir los requisitos, pero no corre ningún riesgo de desaparecer.“Cinco de las 13 [universidades privadas] en la Comunidad de Madrid se echarían por tierra”, ha dicho Ayuso. La presidenta madrileña no ha explicado por qué cree que sería así. De las cinco nuevas, cuatro tuvieron informe favorable. Podría referirse al tamaño de muchos de los campus, que no llegan a los 4.500 estudiantes que va a exigir el Gobierno con la pretensión de que haya masa crítica.El consejero Emilio Viciana, y los rectores de Madrid Joaquín Goyache (Complutense), Óscar García (Politécnica) y Ángel Arias (Carlos III), durante el desayuno.
Mariscal (EFE)Y ha rematado con: “En definitiva, el 60% de las universidades privadas que se han creado en España lo han sido con gobiernos del PSOE. Imaginen qué imagen da España que [actúa] de esta manera retroactiva, inconstitucional y, a mi juicio, con tintes chavistas”. Si se refiere a gobiernos regionales en manos del PSOE, no se sostiene porque mayoritariamente han apostado por la red pública, y si se refiere a los ejecutivos nacionales, tampoco, porque da igual lo que digan, prima la decisión de las autonomías, ya que el informe del ministerio no es vinculante. Por eso el Gobierno quiere que los proyectos tengan que aprobar un segundo informe de las agencias de evaluación (la ANECA o las autonómicas).Ayuso, además, ha anunciado: “Vamos a usar todas las herramientas legales a nuestra disposición [contra la modificación del decreto] para no permitir este atropello que nos destroza en el mundo. Y al hacerlo vamos a hacerlo también por las demás comunidades autónomas, algunas incluso más perjudicadas que la Comunidad de Madrid”. Una referencia probablemente a Aragón, que se juega el futuro de tres proyectos universitarios que están en el ministerio, y Extremadura, con otros tres. En el caso de Madrid son dos los centros adscritos a universidades públicas que quieren independizarse: la escuela de artes TAI y Felipe II. Y tiene un tercero en barbecho, con el voto en contra de siete comunidades gobernadas por el PP: la Universidad Abierta de Europa.