La diáspora venezolana, que se acentuó desde 2015 y se desplazó de forma mayoritaria a Colombia, escapando de la crisis económica y política que se encendía en su territorio, de la persecución a la oposición y de las constantes tensiones diplomáticas entre los vecinos, con deportaciones masivas y un prolongado cierre de fronteras ordenado por Nicolás Maduro, provocó la migración y la presencia permanente de 2,8 millones de venezolanos en el país, según datos recientes de la autoridad migratoria.
La diáspora venezolana, que se acentuó desde 2015 y se desplazó de forma mayoritaria a Colombia, escapando de la crisis económica y política que se encendía en su territorio, de la persecución a la oposición y de las constantes tensiones diplomáticas entre los vecinos, con deportaciones masivas y un prolongado cierre de fronteras ordenado por Nicolás Maduro, provocó la migración y la presencia permanente de 2,8 millones de venezolanos en el país, según datos recientes de la autoridad migratoria.
Aunque no hay estudios o estadísticas oficiales sobre la materia, es en este último escenario en el que entran las redes criminales a instrumentalizar a los migrantes. “Muchos de los venezolanos que abandonan su país lo hacen en situación de informalidad y precariedad económica, y lo hacen a través de rutas plagadas de redes criminales. Todos los anteriores son factores que contribuyen a que esta población pueda ser instrumentalizada por las bandas criminales para cometer esa cadena de delitos transfronterizos como narcotráfico, tráfico de personas y comercio ilegal de armas”, explica Juan Carlos Restrepo, director de seguridad durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
“La gran mayoría de migrantes venezolanos son gente buena, trabajadora, que lo que quieren es tener un ingreso de manera legal. Pero al lado de la migración, como una práctica de trata de personas, hay estructuras criminales que se aprovechan de los migrantes, pero también hay grupos venezolanos que usan la migración para sus negocios ilegales, para mayor rentabilidad”, indica el sociólogo y experto en seguridad Hugo Acero.
“Dentro de esos grupos encontramos desde el 2018 a ‘Los Meleán’, a ‘Yeico’, a ‘Los Maracuchos’ y actualmente al ‘Tren de Aragua’, que es el que más utiliza, de alguna manera, y explota a la migración. Del lado de la migración van este tipo de estructuras que llegan a los países y desarrollan actividad criminal”, añade Hugo Acero, quien se desempeñó como secretario de seguridad en la capital del país durante la administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mandataria que protagonizó una controversia al atribuirle a los migrantes gran parte del incremento de la criminalidad en ciertas localidades de la ciudad.
En palabras de Gonzalo Oliveros, venezolano y director ejecutivo de Fundación2Países, “es muy posible la instrumentalización, especialmente respecto de alguna parte de la migración venezolana irregular en Colombia, en virtud de la imposibilidad de trabajar de manera formal dada su condición migratoria. Es un fenómeno estudiado internacionalmente, el efecto perverso que puede tener la irregularidad migratoria sobre personas muy vulnerables dada su situación personal y económica como migrante irregular”.
Capturas, homicidios y víctimas
La polémica atribución de Claudia López sobre el repunte de la delincuencia atribuido a los migrantes, considerada estigmatizante incluso por un fallo de la Corte Constitucional que ordenó una retractación, coincidió con un aumento en el porcentaje de los venezolanos capturados por delitos en el país. En el año 2016 dicha cifra era del 0,3 por ciento del total de los capturados en Colombia, que en ese año eran poco más de 245 mil. Pero para 2018 la cifra de venezolanos ya era del 3 por ciento del total de los capturados, en 2019 fue del 6 por ciento y en 2021 alcanzó el 8,7 por ciento. Estas estadísticas las elaboró el exsecretario Acero a partir de información entregada por la Policía Nacional.
EL TIEMPO consultó datos y cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre los homicidios reportados en Colombia contra la población venezolana y también se advierte un incremento de crímenes conforme el aumento de la migración, pues para 2019 se hablaba de 1,7 millones de migrantes, en 2021 aumentó a 1,9 millones y hoy son más de 2,8 millones en el territorio.
En 2023 fueron presuntamente asesinados 934 venezolanos en Colombia, de un total 14.260 presuntos homicidios registrados en el país. De ellos, 336 murieron a manos de sicarios, en 325 casos no hay información; 97 murieron por ajuste de cuentas, 66 en riñas, 37 por acción de grupos armados y 24 por feminicidios.
En 2022 se reportaron 872 presuntos homicidios de población venezolana (de un total general de 13.939). En 515 casos no hubo información, pero 163 murieron por ajuste de cuentas, 65 por acción de grupos armados, 63 por riñas y 16 por atracos callejeros. Según Medicina Legal, los presuntos homicidios de migrantes han ido in crescendo. En 2015, cuando inició la diáspora, se reportaron 25, un año después se registraron 30. En 2017 fueron 93, en 2018, 273. Para 2019 ya había casi el doble con 508. En 2020 se reportaron 641 y en 2021, 843.
La misma tendencia ha ocurrido con las víctimas de nacionalidad venezolana que figuran en las noticias criminales abiertas por la Fiscalía General de la Nación. Para 2018 hubo 4.226 víctimas venezolanas; al año siguiente, en 2019, ya eran 8.110. En 2020 hubo 8.180 y un año después 11.435 víctimas. Para 2022 se reportaron 14.178 víctimas en noticias criminales y en 2023, 15.571.
Ante la ausencia de reportes oficiales sobre el fenómeno de la migración, la instrumentalización de esta población y su impacto en la dinámica de la criminalidad nacional, los datos disponibles sugieren una tendencia de aumento tanto en la comisión de crímenes como en la victimización de migrantes, pues cada año aumentan los presuntos homicidios, víctimas y capturas.
El ‘Tren de Aragua’
Capítulo especial merece el Tren de Aragua, una banda delincuencial transnacional, fundada en la cárcel de Tocorón en Venezuela, que emprendió una expansión latinoamericana aprovechando la diáspora migratoria, y logrando abrir franquicias en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y que ha logrado un impacto reciente en los Estados Unidos, que la catalogó el pasado 20 de febrero como una organización terrorista.
En Colombia, los hombres del Tren de Aragua no se cuentan por miles o centenares, se cuentan por decenas en las ciudades capitales más afectadas por su accionar criminal, como lo son Bogotá, Medellín, Cúcuta y Arauca. Esta banda dedicada a la extorsión, al microtráfico, a la venta de licor adulterado, al tráfico de armas y a la explotación del trabajo sexual, entre otros delitos, se ha caracterizado por infligir terror y por estar conformada por venezolanos, instrumentalizando a algunos.
“El Tren de Aragua está a tercer nivel dentro de las grandes mafias. En el caso colombiano trabaja para estructuras mayores, podría pensar que, para el Clan del Golfo y el Eln, que tiene gente vinculada a actividades criminales y no solamente para la revolución. El Tren es un grupo de tercer nivel. Son soldados que distribuyen droga, sicariato, que amenazan y que desarrollan otras actividades criminales por encargo de líderes mayores. El Tren de Aragua está de alguna manera instrumentalizado por estructuras mafiosas mayores, ligadas al narcotráfico, a la trata de personas y a la minería ilegal”, afirma Hugo Acero.
Acero advierte que en esa dinámica criminal, el Tren de Aragua “no solamente está ligado a la trata, explotando a los migrantes, sino que en algunos casos termina convenciendo a migrantes buenos que por necesidad terminan vinculados en actividades delincuenciales, pero lo hacen a través del Tren como un contratista intermedio del crimen”.
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha desmentido informaciones sobre sus presuntos nexos con esta organización, en Colombia oficiales de las fuerzas venezolanas le han relatado a la Fiscalía de la complicidad de algunas personas del régimen con la estructura fundada por alias Niño Guerrero, especialmente sobre el provecho de la migración irregular para el tráfico de armas y otros asuntos.
“Dada la falta de control del Estado colombiano en las zonas de frontera y el crecimiento de los grupos armados organizados en ese territorio que le sirve de ‘burladero’, el gobierno venezolano también se beneficia del caos que ayuda a promover para todos sus intereses criminales y geopolíticos”, explica Juan Carlos Restrepo.
Venezolanos en la insurgencia
La grave crisis humanitaria en la región del Catatumbo, que marcó el inicio de este 2025 por la catastrófica confrontación entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln, evidenció otra problemática asociada a la migración venezolana por los datos de inteligencia que hablan del carácter binacional de la guerrilla de seis décadas comandada por alias Antonio García.
Dichos informes advierten que, por cada colombiano en el Eln, hay tres oriundos del país presidido por Maduro, especialmente en los territorios que comparten Colombia y Venezuela en sus 467 kilómetros de frontera porosa. “Los habitantes de la frontera en su mayoría tienen las cédulas de los dos países, hace parte de su modula vivendi. Son ciudadanos binacionales. Muy seguramente los miembros del Eln originarios de estos territorios tengan también las dos cédulas”, expresa Carlos Velandia, exdirigente del Eln y ahora promotor de la paz.
Dichos informes advierten que, por cada colombiano en el Eln, hay tres oriundos del país presidido por Maduro, especialmente en los territorios que comparten Colombia y Venezuela en sus 467 kilómetros de frontera porosa. “Los habitantes de la frontera en su mayoría tienen las cédulas de los dos países, hace parte de su modula vivendi. Son ciudadanos binacionales. Muy seguramente los miembros del Eln originarios de estos territorios tengan también las dos cédulas”, expresa Carlos Velandia, exdirigente del Eln y ahora promotor de la paz.
Acá también figura el subregistro y la falta de información oficial sobre la afiliación de ciudadanos venezolanos en la insurgencia, pero las preguntas emergen cuando deciden cargar un fusil por causas políticas y rebeldes que no son suyas. También hay que tener en cuenta toda la información documentada de disidentes y guerrilleros que se han escondido, como ventaja en la guerra, en territorio venezolano.
“Debe tenerse en cuenta el carácter binacional del Eln y la Segunda Marquetalia, grupos armados colombianos que han establecido santuarios en los que han ubicado a sus mandos superiores, lo que les confiere una ventaja estratégica y un carácter híbrido, ya que mientras en Colombia se comportan como grupos insurgentes que luchan contra el Estado, en Venezuela adquieren un carácter paramilitar porque usan la violencia para apoyar la dictadura de Maduro. En este sentido, es claro que reclutan ciudadanos venezolanos para que operen en ese país o en Colombia”, puntualiza el profesor Luis Trejos, experto en conflictividad.
Ana Cuesta
Editora de RedacciónJusticia