Las dos últimas decisiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, relativamente favorables al presidente Gustavo Petro, fueron apenas el calentamiento de lo que será la verdadera prueba de fuego para el alto tribunal: la discusión de la reforma pensional. Según expertos, las votaciones sobre esta norma —cuyos efectos prácticos impactarán a millones de colombianos— marcarán el pulso en una instancia que ha sido blanco de los ataques del mandatario, quien ha hablado de un supuesto “golpe blando”.Hace seis días, la Corte Constitucional decretó una medida cautelar que ordena suspender los efectos del fallo del Consejo de Estado que avaló las competencias del Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente, Gustavo Petro Urrego, en calidad de candidato, por una presunta violación de topes.La decisión, si bien no es el fallo definitivo ni tumba el proceso, sí fue un espaldarazo al mandatario. Los argumentos que prevalecieron fueron el debido proceso, que según la Sala Plena podría verse vulnerado con las eventuales sanciones contra el jefe de Estado, así como “el interés público a causa de la afectación que se produciría al funcionamiento de las instituciones a nivel nacional”. Con una semana de diferencia, esta vez con una votación más holgada, seis de los nueve magistrados decidieron salvar parcialmente la conmoción interior decretada por el Presidente en el Catatumbo, cuya constitucionalidad estaba en tela de juicio por no tratarse de hechos sobrevinientes. Precisamente, esta fue la tesis que marcó el ‘pero’ para la exequibilidad total de la norma, que solo será válida para los hechos y medidas relacionadas con la escalada de los enfrentamientos entre el Eln y el ‘frente 33’ de las disidencias de las Farc. Problemas estructurales como la presencia de cultivos ilícitos no podrán ser atendidos bajo el estado de excepción. Estas limitaciones fueron consideradas por varios expertos como salomónicas, razón por la que es prematuro marcar una tendencia. Sin embargo, para voces como la del exmagistrado Alejandro Linares, causa sorpresa el voto de magistradas como Cristina Pardo, quien hasta antes de la suspensión del proceso del CNE, había mostrado una tendencia más disidente del Gobierno. Esta misma fórmula aplicaría para la magistrada Diana Fajardo, cuya auxiliar fue ternada por el Presidente ante el Congreso para la elección del reemplazo de la magistrada Pardo.Para el expresidente de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, las últimas dos decisiones, “si bien son controversiales, no refleja una postura que se aparte de una postura constitucional”. “La suspensión del proceso del CNE es excepcional y pareciera que no tuviese justificación para adoptar esta medida cautelar pero tampoco tiene una consecuencia definitiva, ya que el proceso sigue. Lo del Catatumbo, al final se trató de una exequibilidad parcial, lo cual quiere decir que era un proceso más complejo dada la alteración y el desbordamiento súbito de las capacidades del Estado para atender la emergencia”, señaló el extogado. Guerrero aseguró que con las limitaciones de la medida de excepción únicamente para los hechos sobrevinientes la Corte se adopta un punto medio. Y, eso sí, enfría la tensión entre ramas que venía cocinándose con cruces de comentarios en los que el presidente Petro alcanzó a sugerir un ‘golpe blando’. La reforma pensional sería la prueba de fuego para los magistrados, no solo por el tinte político sino por las consecuencias prácticas para los millones de colombianos que se verán impactados con la ley. De hecho su implementación ya tiene medio camino adelantado y los cotizantes seleccionaron o fueron asignados al fondo privado que administrará los ahorros que superen los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”Faltaría ver qué pasa con la reforma pensional, que sería la verdadera prueba de fuego. A diferencia de estos otros decretos, cuyos efectos prácticos no son tan evidentes —porque la conmoción ya se levantó y el proceso en el CNE sigue—, la pensional sí implica una decisión determinante, con consecuencias de alto impacto”, agregó el exmagistrado.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia