La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Brasil a un bolsonarista reclamado por golpismo | España

La Audiencia Nacional ha rechazado entregar a Brasil al bolsonarista Oswaldo Eustaquio Filho, reclamado por participar en la supuesta conspiración liderada por el expresidente Jair Messias Bolsonaro para dar un golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El tribunal considera que las acciones que se le imputan, como su supuesta implicación en una “campaña” para intimidar a agentes de la policía federal, tienen una “evidente conexión y motivación política”. Y, según añaden los magistrados, el tratado bilateral entre ambos Estados contempla precisamente que no se dará luz verde a una extradición cuando los hechos constituyan “un delito político o fuera conexo” —excepto si estos son atentados contra los jefes de Estado y de Gobierno, actos de terrorismo o crímenes de guerra, contra la paz o la seguridad de la humanidad, que entonces sí se pueden aprobar—.La decisión de la Audiencia, que aún puede recurrirse ante el pleno de la Sala de lo Penal, insufla mucho aire a Filho, de 46 años, que rechazó su entrega a su país natal durante la vista de extradición celebrada el 3 de abril. En esa sesión, el activista insistió en que nunca ha cometido “ningún crimen” y que sufre una “persecución política”. “Llegué a España en 2023 y pedí asilo por una persecución política muy violenta contra mí, mis hijos y mi expareja, que está en Brasil. Soy un perseguido político. Si soy devuelto, voy a ser torturado. Yo fui golpeado en la cárcel”, manifestó el reclamado, que se autodefine como “escritor” y “periodista de investigación”.Más informaciónA lo largo de su resolución, de 11 páginas, los magistrados repasan los motivos que expone Brasil para reclamar su entrega. El punto de vista de las autoridades sudamericanas dista mucho del narrado por el activista. Según el Estado latinoamericano, en 2021, Filho publicó vídeos en redes sociales “para incitar a la práctica de actos antidemocráticos favorables al cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF)”, incluyendo la apuesta por “actos violentos” para lograr “la destitución de 11 magistrados”. Bolsonaro, que aún permanecía en la presidencia en aquel momento, impulsaba entonces una oleada de movilizaciones ante el intenso enfrentamiento que mantenía con el Poder Judicial, que lo investigaba por difundir noticias falsas.Las autoridades brasileñas añaden que en 2024, después de que Bolsonaro perdiera el poder, Filho se “unió a una campaña iniciada con el objetivo de exponer los nombres, imágenes y todos los datos posibles de los policías” que investigan los casos sobre el golpe de Estado abiertos en el Supremo Tribunal Federal, así como los de sus familiares, con la intención de “intimidarlos” y “obstruir” las pesquisas. Para ello, según añade la petición de entrega, el bolsonarista usó las redes sociales de sus hijos menores de edad. Por ejemplo, en un mensaje, además de incluir la foto de un agente, se decía: “Se trata del comisario que durante años consiguió permanecer anónimo, sin fotos en internet. Es responsable de arrestar patriotas inocentes y de hacer llorar a miles de niños por sus padres. Ha entrado en mi habitación para acusar a Bolsonaro”.“A partir de dichas publicaciones, otros perfiles comenzaron a impulsar actos de exposición e intimidación [contra este policía]llegando al punto de divulgar la misma foto de su identidad civil con la frase ‘SE BUSCA’. Otros perfiles empezaron a comentar ‘vivo o muerto’ o incluso a difundir otros detalles sobre sus familiares, como la dirección del hermano del comisario”, recoge la petición de extradición de Brasil, que remacha: “También, como resultado de dicha exposición, el vehículo particular del comisario amaneció con un mono de peluche colgando de su ventana trasera. Este hecho se interpreta como un claro mensaje de que personas no identificadas conocen la rutina y la dirección del comisario, intentando así intimidarlo para que no continúe con las investigaciones”.La Audiencia interpreta que estas actividades tienen “una evidente conexión y motivación política, puesto que se realizan dentro del marco de una serie de acciones colectivas de grupos partidarios del Bolsonaro y de oposición al actual presidente Lula”.El tribunal justifica así su resolución: “El contexto de contienda política en el que se desarrollan —tipificadas en nuestro Código Penal como delitos menos graves—; los procedimientos penales abiertos en Brasil contra el reclamado por infracciones penales de naturaleza análoga; su condición de periodista; las tres detenciones que ha sufrido; los malos tratos de que dice haber sido objeto —extremo que ha sido apoyado por la declaración de un grupo de diputados federales del Congreso Nacional Brasileño, incorporada por escrito— constituyen razones suficientemente fundadas para creer que, de concederse la extradición, habrá un riesgo elevado de que la situación del reclamado pueda verse agravada por causa de sus opiniones políticas y su adscripción a determinada ideología”.Sin embargo, pese a que deniegan la entregan por ese motivo, los magistrados añaden que las publicaciones en redes sociales contra el comisario rebasan “el ámbito de los derechos de libertad de expresión e información”, como defendía la defensa de Filho y la Fiscalía, que se oponían a su extradición al considerar que las expresiones atribuidas al activista “no constituirían delito” en España “al estar amparadas por la libertad de expresión”. Por su parte, el tribunal considera que la incitación a participar en las movilizaciones de 2021 entran dentro “del ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, información y manifestación”; ya que no se describen los “actos concretos de carácter violento o intimidatorio a los que se incitaba para apoyar la iniciativa de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo Federal”.